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Propietarios terrenos Valle Nuevo piden Gobierno reconozca sus derechos

“Consideramos injustificable que se recurra a posiciones extremas o soluciones de fuerza antes de agotar los recursos del diálogo y aplicar los procedimientos que de manera clara y taxativa establecen nuestras leyes para resolver conflictos de esta naturaleza, porque en un Estado democrático de Derecho nunca ha sido una opción aceptable la excusa de violar la ley para aplicar la ley.

Propietarios de terrenos de Valle Nuevo pidieron al presidente Danilo Medina que intervenga en la búsqueda de medidas que garanticen la preservación de esa área protegida y que, a la vez, reconozcan las prerrogativas que el Estado de Derecho y la Constitución de la República les confieren a todos los involucrados.

Gregorio Mora, Luis A. Mercado, Tomás Villamán, José Delio Guzmán, Miguel Crouch y José D. Ares Guzmán, quienes en conjunto poseen títulos de aproximadamente 450,000 tareas del Parque Nacional, en carta pública al mandatario exponen que han resultado infructuosos los intentos de conversar con Francisco Domínguez Brito, ministro de Medio Ambiente, sobre la Resolución 14-2016 que emplaza a abandonar los terrenos e inversiones a más tardar a finales de este mes, sin ofrecer alternativas.

Los firmantes son ejecutivos de las empresas Granja Mora, Explotación Maderera de Constanza, Flores Purama, Ganadera del Valle, Flores Antillanas y Sociedad Agrícola del Valle, establecidas en esa zona antes de que fuera declarada área protegida.

Afirman que “históricamente hemos cuidado de Valle Nuevo y eso lo demuestran las grandes extensiones de bosque que forman nuestras propiedades” y proponen al Gobierno iniciar trámites para permutar los terrenos de aquellos dueños que así lo consideren e indicar a los demás propietarios cuáles opciones tienen para disfrutar de sus bienes hasta tanto el Estado esté en condiciones de adquirir los terrenos según manda la Ley.

“Señor Presidente, si bien es cierto que nuestras propiedades han sido declaradas Parque Nacional atendiendo a un alto interés del país, también lo es que la Ley de Medio Ambiente 64-00, es precisa en indicar que cuando se declare área protegida una propiedad privada, el Estado debe declararla de utilidad pública y adquirirla a través de compra o permuta”, señalan.

Aseguran que están en disposición de “concertar soluciones para garantizar la conservación del área protegida, siendo nosotros en ese escenario, los guardianes más celosos del bosque que lo que pueden llegar a ser los organismos públicos sin estructura adecuada para cumplir esa misión”.

Los propietarios de terrenos de Valle Nuevo, en la carta al presidente Medina, también cuestionan el comportamiento del Ministro de Medio Ambiente, a quien acusan de haber “optado por la acción drástica y dice lo que no se puede hacer, pero nunca nos ha dicho lo que sí podemos hacer en nuestros terrenos, aun sabiendo que las tierras son de nuestra legítima propiedad y que nos amparan derechos legales consagrados en la Constitución y las leyes que podríamos ejercer”.

Igualmente se quejan de que Domínguez Brito no quiere dialogar con ellos sobre el tema y, en cambio, asume “una posición que no logramos entender, de presentarnos ante la sociedad como villanos y desacreditarnos para lograr una validación de la opinión pública a sus acciones, como si tener un título de propiedad adquirido legítimamente de una extensión grande de terreno fuese un delito. Esta posición se agrava aún más, cuando todo lo que se ha hecho en nuestros terrenos desde la declaración de parque nacional en 1996 ha sido consensuado con esa dependencia gubernamental”.

Atentado contra la inversión privada

Los afectados por la medida calificaron la Resolución 14-2016 como un precedente que atenta contra el clima de confianza para la inversión privada en el país debido al desconocimiento que hace de actos administrativos emanados del propio Ministerio de Medio Ambiente, que autoriza a propietarios a cultivos específicos en sus tierras cumpliendo ciertos estándares.

Afirmaron que el cambio inesperado en las reglas de juego que rigen la actividad económica y productiva en la República Dominicana puede disuadir a potenciales inversionistas de invertir su dinero por temor a perderlo.
Las empresas Flores Purama y Flores Antillanas, propiedad de Tomás Villamán y Miguel Crouch, respectivamente, operan plantaciones de fresas orgánicas bajo permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente.

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