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Al conmemorar el Día de las Personas Envejecientes el país exhibió más sombras que luces

Adultos mayores que residen en un hogar de acogida ubicado en Monte Plata. Adultos mayores que residen en un hogar de acogida ubicado en Monte Plata. Foto suministrada por la fuente

La Ley 352-98, afirma que los adultos mayores no deben ser perjudicados en sus derechos fundamentales, ni sufrir explotación, violencia, negligencia ni ser castigados. Es enfática al precisar quiénes deben velar por la garantía de sus derechos: la familia, la sociedad, el Estado y la comunidad; quienes además, deben garantizarle salud, alimentación, recreación, cultura, respeto a su dignidad y libertad, sin embargo no es lo que ocurre en la realidad.

 

De acuerdo al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), envejeciente es  toda persona mayor de 65 años de edad, o de menos, que debido al proceso de envejecimiento, experimente cambios progresivos, desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material. Como todo ser humano posee derechos inherentes, entre los que podemos señalar: permanecer en su núcleo familiar, ser protegido en caso de enfermedad, igualdad de oportunidades en su acceso a trabajo, asociarse para promover sus derechos, participar en la vida pública, entre otros.

Asimismo, derecho a la vivienda digna, al diseño de infraestructuras viales y arquitectónicas acorde a sus posibilidades físicas, a la nutrición y a las atenciones de salud por parte de los médicos geriatras, a la educación en todos sus niveles y modalidades, incluyendo el acceso a la educación universitaria, al descanso, recreación, esparcimiento, al juego, la cultura y el deporte.

Adultos mayores que residen en un hogar de acogida ubicado en Monte Plata.

En estos derechos queremos hacer hincapié en este artículo, porque recientemente celebramos el Dia de las Personas Envejecientes,  pero el país exhibió pocos logros en materia de protección a esa población. Y es que pese a tener leyes como la Constitución de la República del 2010, que establece claramente en su Artículo 8 la protección y justicia social, así como, la 352-98 sobre Protección a la Persona Envejecientes y la 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, los adultos mayores en la generalidad, viven en situación en vulnerabilidad.

La Ley 352-98, afirma que los adultos mayores no deben ser perjudicados en sus derechos fundamentales, ni sufrir explotación, violencia, negligencia ni ser castigados. Es enfática al precisar quiénes deben velar por la garantía de sus derechos: la familia, la sociedad, el Estado y la comunidad; quienes además, deben garantizarle salud, alimentación, recreación, cultura, respeto a su dignidad y libertad, sin embargo no es lo que ocurre en la realidad.

Este mes de noviembre confirme durante una visita a un ancianato dirigido por Hermana del Sagrado Corazón de Jesús, en la provincia Monte Plata, algo que ya sabia y a mi entender es la forma más fría y cruel de acabar con la vida de un envejeciente: la misma familia los lleva a los asilos, al hacerlo mienten a quienes dirigen esos hogares, niegan ser  familiares, los abandonan al cuido en el mejor de los casos de  monjas consagradas a ese fin. Esto lo hacen generalmente cuando las personas ya no pueden valerse por sí mismas o cuando les estorban; no tienen dinero o los parientes se han apropiado de sus bienes muebles e inmuebles, por tanto, molestan dentro de sus mismos patrimonios e incluso los hijos reniegan de ellos. Son sólo algunas de las razones que me dieron las personas visitadas.  Otros corrieron con peor suerte, fueron abandonados en hospitales  o deambulaban por las calles al ser echados de sus viviendas.

Y hay más, el Consejo Nacional de Personas Envejecientes acaba de denunciar que  en lo que va de año 178 casos de denuncias ante esa institución, corresponden a violencia física y psicológica contra mujeres envejecientes, incluyendo una de 87 años de edad, abusada por su propia vástaga; pero eso no queda ahí, las víctimas oscilan entre 65 y 92 años de edad. ¿Cómo es eso posible?. Si mi abuela viviera diría "estos son tiempos finales". ¡Caramba!, es tan grande el resentimiento y la malquerencia  de algunos seres humanos, que ya  ni a sus propias madres guardan respeto, ¡ofrezcome!.

Como siempre ocurre, quienes más están llamados a proteger son quienes más daño causan,  y cito al CONAPE: los familiares, enfermeras, trabajadoras domesticas, personas de confianza, casi siempre lo hacen para despojarle de sus propiedades.

A todo esto se suma la desprotección en salud, pensión, jubilación, carencia de ejercicio de sus derechos a la libertad, cultura, recreación, tan importante en el otoño de su edad. Al dejarlos a su suerte y pocos mostrar compasión, es como si la sociedad los arrumbara, los aislara, les quitara el deseo de seguir y con él apagara su existencia.

La Fundación Oneyda Cayetano afirma que  más de 500 mil adultos mayores viven en condiciones de pobreza, desprotección social y sanitaria en nuestro país, de esa cantidad 250 mil viven en condiciones de desamparo, sin servicio de salud y sin medicamento, excluidos totalmente del Sistema de Seguridad Social, de acuerdo al cardiólogo Fulgencio Severino. No importa si fueron profesionales, técnicos, campesinos...

Es otro reto que tenemos como Estados, como actor de esta sociedad, como organización, tú, yo, todas y todos: la protección y asistencia a las personas adultas mayores, pero, para asegurar su bienestar, urge compromiso, respeto, iniciativas, también, recursos, solidaridad, amor, compasión y  entrega. Mañana adultos mayores seremos nosotros.

La autora es Educadora, Periodista y Abogada.

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