PGR y DNCD se incautan dos aeronaves habrían traído droga costa Este RD

Dos aviones que presuntamente pertenecerían al supuesto cabecilla de una red de narcotráfico, Jorge Hernán Zapata Villa, de nacionalidad colombiana, habrían sido incautados por Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El presunto cabecilla cumple prisión preventiva por su vinculación a un cargamento de casi 800 kilogramos de cocaína, que fueron introducidos al país, en los aviones Boeing y Piper Aicarft Inc., por la costa Este.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, felicitó a las instituciones actuantes, que junto al Ministerio Público trabajan para enfrentar con voluntad y firmeza el narcotráfico y el lavado de activos.

"El trabajo en conjunto que estamos desarrollando con diversas agencias nacionales e internacionales a cargo de la persecución de esos delitos nos está permitiendo avanzar de manera rápida en las investigaciones y dar duros golpes al narcotráfico y el lavado de activos", manifestó Rodríguez.

La otra nave incautada

“Es un duro golpe al narcotráfico internacional, que usa nuestro territorio para la ilícita actividad, pero estamos de frente para impedirlo”, expresó Alian Rodríguez.

El Boeing, matrícula XA-UJC, fue confiscado en un operativo en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez de las Américas (AILA), mientras que el Piper Aicarft Inc., matrícula HI-913, fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional de La Romana.

La PGR recordó que además de Zapata Villa, por su vinculación a la organización, también cumplen prisión preventiva en un centro penitenciario de la región este, los colombianos Domingo Polo, Samir Guerrero Ruda, Carlos Iván Ortega Castellanos y Max Abraham Dosman, así como los dominicanos Juan Elpidio Olivares Mella, Wilkins Miguel Fernández Contreras y Francis Espino Abud.

Del caso, el Ministerio Público señala que además de la incautación de las aeronaves y los 796.58 kilogramos de cocaína decomisados el pasado mes de julio en la comunidad Boca de Yuma, en Higüey, también ha logrado obtener una serie de medidas cautelares consistentes en la inmovilización de productos bancarios, oposición a vehículos e inmuebles, así como allanamientos e incautaciones de bienes inmuebles.