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Procurador rechaza dictamen SCJ sobre Víctor Díaz y Ángel Rondón

“La Procuraduría no favorece ese comportamiento y objeta absolutamente la medida que lo facilita y las motivaciones que han impulsado la decisión de hoy; la misma es totalmente incongruente con nuestros propósitos de hacer justicia”, expresó el fiscal general.

El fiscal general de la República, Jean Alain Rodríguez, rechazó éste martes, la decisión emitida por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de mantener en libertad condicional bajo garantía económica a los empresarios Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, ambos implicados en los sobornos que la empresa Odebrecht.

La Dirección de Comunicación de la Procuraduría General de la República (PGR), difundió una nota en la que hacen constar que Jean Alain expresó que la sentencia emitida por la SCJ, es injustificable ya que no han variado en nada el expediente que dio origen a que el pasado 8 de julio esos mismos jueces ratificaran la prisión preventiva para ambos imputados.

Rodríguez, señaló que en el recurso de apelación los fiscales a cargo del caso Odebrecht presentaron suficientes elementos para que sin vacilación el tribunal retornara a la cárcel a los empresarios, los que a su juicio, jamás debieron haber salido de prisión, los que cree, representa un gran riesgo para la ampliación de las investigaciones que se están llevando a cabo.

“La Procuraduría no favorece ese comportamiento, y objeta absolutamente la medida que lo facilita y las motivaciones que han impulsado la decisión de hoy; la misma es totalmente incongruente con nuestros propósitos de hacer justicia”, expresó el fiscal general.

“Es más, ésta institución, nuestro equipo y los fiscales a cargo estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar que se incentiven las percepciones de permisividad e inacción, y que, de una vez por toda sean erradicados de la sociedad dominicana; especialmente en los actores políticos y sus vinculados directa o indirectamente”.

El jefe del ministerio público, hizo un llamado a la ciudadanía para que mientras se aproxima el momento de aplicar las consecuencias que corresponden frente a los actos de corrupción, los ciudadanos de bien reaccionemos con nuestro rechazo.

Tras conocer la apelación presentada por el Ministerio Público, la Segunda Sala Penal, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió mantener a Rondón y Díaz Rúa las medidas de coerción consistentes en garantías económicas por montos de RD$70 y RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, respectivamente.

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