En este sentido, el hecho de que entre las primeras 25 universidades de este listado haya 17 de Estados Unidos y 5 del Reino Unido —además de una de Suiza, una de Singapur y una de Canadá— resulta sumamente ilustrativo.

Al margen de los pormenores metodológicos que pudieran achacarse a los resultados de este ranking u otros de similar propósito, lo que este permite inferir es la indiscutible preeminencia del ámbito anglosajón en inversión educativa. Y, más concretamente, en educación superior —universitaria u otras instituciones equiparables—, que es considerada como la base del I+D de cualquier sociedad.

Aunque son innegables los beneficios económicos que se obtienen de la investigación y el desarrollo, conviene detenerse en un aspecto que, no por ser poco evidente resulta menos importante. Se trata del potencial que puede instrumentalizarse a partir de la educación superior como herramienta de poder blando para los Estados, la cual, necesariamente, debe ir de la mano de una política migratoria congruente. En efecto, al depender de personal de alta capacitación para su óptimo funcionamiento, este sector, cuando es pujante, resulta enormemente atractivo, tanto para el capital humano encargado de la formación y la investigación, como para los estudiantes que demandan educación de calidad.

Paradójicamente, la inversión en educación superior no requiere, necesariamente, de un gasto equivalente en la etapa básica y secundaria. Parece incongruente e, incluso, poco deseable que exista una gran brecha de calidad entre los niveles educativos de menor rango y los de educación superior, pero la realidad es que las principales universidades del mundo no siempre se encuentran en países reconocidos por la calidad sus sistemas de educación básica y secundaria. De hecho, estas mismas universidades no requieren de capital nacional para ser eficaces, y más bien son conocidas, tanto por fichar a los mejores profesores de cualquier rincón del planeta, como por la elevada proporción de alumnos foráneos que estudian en sus campus.

El grupo de estos docentes quedaría así compuesto por individuos altamente capacitados que migra de sus países —dejando así de aportar en sus sociedades de origen—, y por un tiempo variable, sirven como profesores e investigadores en sus nuevos lugares de residencia. El grupo de los estudiantes, en cambio, se compone sobre todo de individuos jóvenes que, con cierto sacrificio económico y personal, van al extranjero con el propósito de formarse. En ambos casos, el rédito académico o profesional obtenido, las expectativas alcanzadas y, en definitiva, la experiencia vivida, suelen servir para que los que regresan se conviertan en los mejores emisarios de las instituciones en las que estuvieron y de los países que los acogieron, contribuyendo así a exportar una imagen positiva y cercana de estos Estados.

En tales circunstancias, estas personas se pudieran entender como una especie de embajadores culturales e ideológicos de los países —frecuentemente europeos y norteamericanos— en los que se encuentran las más importantes instituciones educativas del planeta. Si se parte de la premisa de que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que pueden cambiar el mundo, se puede entender el potencial que tiene la dispersión de dicha afinidad, máxime si, como cabría esperar, los que la están exportando algún día se convierten en tomadores de decisiones. En este sentido, se entiende que la inversión decisiva en educación superior es también una herramienta de la política exterior, pues educar a los futuros líderes de terceros países suele imprimir réditos en poder blando.