Edwin Paraison

Edwin Paraison

El autor es sacerdote anglicano, antiguo funcionario diplomático y gubernamental haitiano. Actualmente, Director Ejecutivo de la Fundación Zile.

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Auge de la xenofobia y necesidad de inmigrantes

La xenofobia toma auge en varios países, incluso los que tienen una tradición de migraciones internacionales. Esta se caracteriza por diversas expresiones de rechazo que pueden llegar hasta la violencia ante la presencia creciente de extranjeros. Dichas acciones son frecuentemente originadas o promovidas por grupos ultraderechistas o directamente por los gobiernos, como en el caso del nazismo en Alemania.

República Dominicana, un país de emigrantes, conoce la xenofobia por la experiencia vivida por sus expatriados. Los que se encuentran en Europa tienen muchas historias que contar. En España, el asesinato por encapuchados de Lucrecia Pérez, el 13 de noviembre del 1992, fue reconocido por el gobierno español como el primer crimen xenófobo del país.

Dicho acto fue precedido por una campaña de los vecinos que acusaban de todos los males a los inmigrantes dominicanos. Tal como está pasando en la media isla. Pero, a diferencia de la actuación oficial local, ante el repudio colectivo, las autoridades españolas dispusieron la persecución de los responsables que fueron condenados por la justicia. También de los grupos neonazis.

Cada año se conmemora la fecha como forma de promoción de la convivencia, en contra de la xenofobia y del racismo. En 2008 la comunidad europea aprobó una ley contra esos males. ¡Lucrecia aún vive!

En tierra tan hospitalaria como la dominicana algunos individuos que han tenido o tienen responsabilidad estatal son conocidos por su xenofobia. Principalmente frente a los inmigrantes haitianos. Varios analistas prefieren hablar de anti haitianismo. Por ende, los episodios bélicos del pasado, sacados de contexto, son explotados a fondo para mantener un sentimiento de odio entre los dos pueblos y sustentar un discurso xenófobo, racista o anti haitiano, pero preñado de hostilidad y negación del otro.

En ese contexto, el Estado promueve y al mismo tiempo rechaza la inmigración haitiana.´

Trujillo, después de seguir el modelo dejado por la ocupación estadounidense de la isla (1915/1916) del uso intensivo de la mano de obra barata que representan los braceros haitianos, realiza el primer acto xenófobo y racista del Estado con la matanza de miles de haitianos y negros dominicanos.

Sin embargo, la dependencia de la mano de obra haitiana, tanto por el desinterés del dominicano de implicarse en la labor de tiro y corte de la caña, como por sus propios intereses económicos, llevó al dictador a formalizar la contratación de braceros 15 años después de la masacrare con el primer acuerdo entre los dos gobiernos de la isla, en 1952.

Los sucesivos gobiernos dominicanos hicieron lo mismo. Balaguer en 1966, Antonio Guzmán en 1978, a través de acuerdos o contratos con la parte haitiana que aseguraban la participación directa de las autoridades vecinas en la búsqueda de los braceros en su territorio, lo cual fue calificado de "tráfico oficial de personas".

Para el gobierno del entonces presidente Guzmán y el PRD, quien encabezó las negociaciones para la contratación de personas que luego fueron utilizadas en la industria y plantaciones agrícolas de los centrales azucareros públicos y privados, fue el actual presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.

Los documentos firmados entre las partes preveían siempre las repatriaciones del personal llegado para cada zafra. Sin embargo, por un lado el Estado a través del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) no ponía mucho empeño por cumplir esa disposición, debido al costo y el uso de esos trabajadores en las labores agrícolas de acondicionamiento del terreno, siembra y manejo de las plantaciones de caña para la próxima zafra.

Por otro lado, altos funcionarios civiles y militares, así como dueños de ingenios azucareros privados y otros empresarios agrícolas, tenían "buscones" que contactaban y les "vendían" los trabajadores haitianos (a los que ponían precios "por cabeza"), los cuales luego los desviaban hacia sus fincas privadas, donde por igual les dispensaban tratos de explotación y esclavismo porque hasta les impedían la movilidad, la libertad de tránsito.

Durante mucho tiempo los ingenios azucareros estatales tuvieron "inspectores" (guardias campestres) que tenían como misión principal evitar que los trabajadores haitianos salieran de los bateyes donde los enclaustraban en hacinados barracones, generalmente sin instalaciones sanitarias, agua potable a no ser una llave en el centro del batey para ser usada por decenas de familias y otros precarios o inexistentes servicios.

El uso de la mano de obra haitiana se ha extendido con el tiempo hacia otras aéreas claves de la economía dominicana, más después del cierre y desmantelamiento de los ingenios azucareros.

El Estado, por voz del otrora secretario de Obras Públicas del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en 1998, Diandino Peña, reconoció la participación indispensable de esos trabajadores, aunque indocumentados, en las grandes obras donde han dejado sus huellas, como los casos de los elevados, la remodelación del edificio de la Cancillería, varios hospitales, el Metro de Santo Domingo y el "Nueva York Chiquito" de la zona metropolitana del Distrito Nacional y en las grandes instalaciones hoteleras de las distintas regiones.

En el marco de una gestión muy contradictoria, el Estado, responsable en gran parte de la inmigración laboral haitiana, rechaza su integración.

No admite su existencia como comunidad. De tal manera la marginaliza o la expulsa por vía de las repatriaciones. Estas se realizan en violación a los acuerdos firmados con Haití desde 1938. Más de 200,000 mil haitianos han sido repatriados desde la aprobación congresual de la Ley de Migración, la número 285/04. Tan solo para el período de agosto 2012- agosto 2013 suman más de 47,000 los expulsados.

Por lo contrario, menos de 10,000 compatriotas haitianos han logrado tener una residencia legal en el país y no porque les falten documentos en los expedientes que someten a consideración de las instancias públicas. Mientras, son 22,000 los dominicanos de origen haitiano inscritos en los registros desde el 1929, según la Junta Central Electoral.

Pese a una política de repatriaciones sistemáticas y el bajo número que representan los haitianos y sus descendientes, los organismos nacionales concernidos, conscientes o por inadvertencia, dan paso al crecimiento de la xenofobia al permitir las marchas anti haitianas antes y después de la sentencia 168/13.

Esas manifestaciones se han caracterizado por la promoción de la violencia, quema de libros, declaraciones de "personas no gratas", plazos a las autoridades para su expulsión, organización de grupos armados para la persecución por civiles de inmigrantes haitianos, controles migratorios por choferes públicos, etc....

Ninguna voz oficial ha condenado o desalentado dichas actuaciones que el pasado viernes en Loma de Cabrera se tradujeron en el golpeo físico hasta a mujeres haitianas, la ruptura de viviendas y la sustracción de sus enseres del hogar por parte de turbas de reconocidos personeros que obraron a las claras y que, incluso, habían anunciado sus acciones ante las autoridades.
Paralelamente, incentivada por el gobierno, la diáspora dominicana se abre espacios en lo social y lo político, concretamente en Estados Unidos y Puerto Rico.

Mientras, los dominicanos de ascendencia haitiana han tenido y tienen que vivir en la clandestinidad por las presiones sociales y políticas, al igual que se hizo contra el desaparecido líder José Francisco Pena Gómez, que no pudo nunca asumir libre y orgullosamente su origen.

Hasta que no cambie esta situación a través de la comprensión mutua, la tolerancia, el diálogo y la voluntad política de establecer un nuevo paradigma en las relaciones entre nuestros dos países, xenofobia, racismo y hostilidad acompañarán a los inmigrantes haitianos en República Dominicana.

La mejor oportunidad es una revisión de la sentencia que ha tenido en los grandes periódicos del mundo, organismos multilaterales, gobiernos del Caribe y por las redes sociales, un impacto negativo y de mayor repercusión para el país que el genocidio de 1937.

Triple nivel de repercusiones de una sentencia

Quienes promovieron la sentencia del Tribunal constitucional (TC), tan obnubilados por encontrar finalmente la buena fórmula judicial de desnacionalización creando virtualmente una nueva figura que sería el "dominicano nacido fuera de la ley", pensaron que esta vez estarían dando un golpe mortal a los de ascendencia haitiana, sin prever,  o lo peor, ignorar las graves repercusiones que dicha acción tendría, para la nación dominicana, a tres niveles: lo local, lo bilateral y  en el plano internacional.

La sentencia del Tribunal Constitucional: una oportunidad de cambio

Los latinos en los Estados Unidos no están totalmente satisfechos con el presidente Obama con relación a la política migratoria. Sin embargo, votaron mayoritariamente por él en la elección del año pasado. Sencillamente, porque llevó a cabo una ofensiva frente al congreso a favor de una reforma migratoria. Asimismo, por reconocer siempre los aportes de los inmigrantes hasta incorporar uno de sus representantes en su gabinete actual en la persona del Ministro de trabajo, Tomás Pérez, de origen dominicano.

Dominico-Hatianos y Haitianos-Dominicanos

Mucho se ha escrito sobre la situacion de los dominicanos de ascendencia haitiana en la Republica Dominicana, poco se sabe de los hijos de los dominicanos nacidos y criados en Haiti. Existen dos grupos: Los que nacieron de parejas dominicanas y aquellos de uniones entre dos personas de nacionalidad dominicana y haitiana. Serian dominico-haitianos o haitiano-dominicanos?.

 

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