Desde diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, dio de baja unas 170.000 pensiones por invalidez mediante un endurecimiento de las condiciones para acceder al beneficio. Ante la ola de críticas de organismos de derechos humanos, la ministra había dicho que todo se trató de un “error de aplicación de criterio” y luego anunció su restablecimiento, aunque en la práctica sólo se limitó a cumplir con una medida cautelar.
