Desde el pasado 15 de enero de 2013, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha sido objeto de debate, puesto que personalidades y representantes de instituciones de la sociedad civil organizada han planteado sus puntos de vista respecto a la propuesta de que la citada institución sea coordinada y vigilada por el Ministerio Público.
En los últimos días se ha generado un debate respecto a la Ley No. 28-01, mediante la cual se crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que reúne las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Baoruco. Las complicaciones surgen en el sentido de que diversos sectores empresariales requieren la revisión de la indicada ley bajo el entendido de que perjudica a miles de empresas que cumplen puntualmente con los pagos de impuestos y generan más de 400 mil empleos.
Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo convocó en el Palacio Nacional, el lunes 3 de los corrientes, al Consejo de Ministros a los fines de conocer el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2013, el cual asciende a un monto de 443,344 millones de pesos, más la amortización de la deuda, ascendente a unos 73,425 millones de pesos, lo que refleja una suma total de 516,799 millones de pesos.
El pasado viernes 15 de junio, a las 7:11 de la noche, el Tribunal Superior Electoral (TSE), compuesto por los magistrados Mariano Rodríguez, Juez-presidente, John Guiliani, Mabel Féliz Báez, José Manuel Hernández Peguero y Marino Mendoza, acogió el recurso de amparo interpuesto por el Ing. Miguel Vargas Maldonado, luego de haber sido suspendido por la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
