La República Dominicana por su ubicación geográfica, es un país expuesto a diversas amenazas de origen natural, entre las cuales se pueden citar las siguientes: Inundaciones, ciclones tropicales, fuertes vientos y marejadas, sismos, tsunami, sequías, tornados y deslizamientos; así como otras amenazas de origen antrópico (los producido por el hombre). Los municipios deben disponer de una estructura técnico-administrativa que le permita gestionar los riesgos que pueden afectar su territorio, esta instancia o estructura técnico administrativa permite colocarlo en una posición más resiliente, su funcionamiento se puede traducir en menos pérdida de vidas y en la disminución de los daños a sus medios de vidas ante la materialización de un evento adverso que pueda generar emergencias o desastres.

Antonio García Lorenzo, Vicecónsul Dominicano en Puerto Príncipe, Haití, aseguró que con la implementación del Plan Nacional de Regularización y la aprobación del Proyecto de Ley de Naturalización se aumentará a un más la entrada de indocumentados haitianos hacia la República Dominicana.

Con la puesta en vigencia del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica numero 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrolla de la República Dominicana al año 2030, donde se definen todos los pasos de generación de políticas, evaluación y actualización de planes y proyectos de todo el sector público, emitida mediante el Decreto 134-14 del 9 de abril  del presente año, en el artículos 2 del Decreto aclara que los organismos descentralizados y autónomos, las instituciones de la Seguridad Social, las empresas públicas no financieras, los ayuntamientos, las juntas de distritos Municipales, y el sector publico financiero, "están, sujeto a las regulaciones del presente reglamento". El Reglamento, enfatiza que corresponde al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo la responsabilidad de la Sostenibilidad Ambiental y de cohesión social en lo referente a la Gestión Integral de Riesgos.

En nuestros días a la seguridad ciudadana debemos asociarla con un servicio que debe brindar el Estado, para garantizar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. La seguridad ciudadana implica básicamente que los ciudadanos puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.