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Gobierno fijará en breve plazo posición sobre sentencia de la CIDH

Roberto Rodríguez Marchena. Roberto Rodríguez Marchena. Fuente externa.

El dictamen manda a República Dominica a capacitar a sus funcionarios para que no realicen deportaciones colectivas de forma arbitraria y para que "los perfiles raciales no constituyan, de ningún modo, el motivo para realizar una detención o expulsión".

El gobierno dominicano fijará en breve plazo su posición con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena a la República Dominicana por expulsiones de dominicanos de ascendencia haitiana hacia Haití.

Roberto Rodríguez Marchena, portavoz y director general de Comunicación del Gobierno, precisó que técnicos del gobierno estudian y ponderan dicha sentencia con serenidad, pues involucra otros poderes del Estado.

La CIDH informó oficialmente a la República Dominicana de una sentencia en la que declara culpable al Estado dominicano por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.

La condena se produce por hechos deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000 cuando el Estado detuvo y expulsó del país hacia Haití de manera "arbitraria" a 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas y cinco haitianos, entre quienes había niños, quienes vivían en República Dominicana.

"La Corte determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria", expresa un comunicado del tribunal.

En el fallo, los jueces aseguran que los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, mientras que otras de las personas no tenían documentos.

En la sentencia, los jueces ordenaron a República Dominicana adoptar las medidas necesarias en un plazo de seis meses, para que Willian Medina, Awilda Medina y Luis Ney Medina cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana.

El Estado también deberá tramitar los debidos registros para Víctor Jean, Miguel Jean, Victoria Jean y Natalie Jean y que estos cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicanas.

A Marlene Mesidor le garantizar un lugar donde pueda residir o permanecer en forma regular en el territorio de República Dominicana.

 

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Gobierno fijará en breve plazo posición sobre sentencia de la CIDH

Roberto Rodríguez Marchena. Roberto Rodríguez Marchena. Fuente externa.

El dictamen manda a República Dominica a capacitar a sus funcionarios para que no realicen deportaciones colectivas de forma arbitraria y para que "los perfiles raciales no constituyan, de ningún modo, el motivo para realizar una detención o expulsión".

El gobierno dominicano fijará en breve plazo su posición con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena a la República Dominicana por expulsiones de dominicanos de ascendencia haitiana hacia Haití.

Roberto Rodríguez Marchena, portavoz y director general de Comunicación del Gobierno, precisó que técnicos del gobierno estudian y ponderan dicha sentencia con serenidad, pues involucra otros poderes del Estado.

La CIDH informó oficialmente a la República Dominicana de una sentencia en la que declara culpable al Estado dominicano por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.

La condena se produce por hechos deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000 cuando el Estado detuvo y expulsó del país hacia Haití de manera "arbitraria" a 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas y cinco haitianos, entre quienes había niños, quienes vivían en República Dominicana.

"La Corte determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria", expresa un comunicado del tribunal.

En el fallo, los jueces aseguran que los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, mientras que otras de las personas no tenían documentos.

En la sentencia, los jueces ordenaron a República Dominicana adoptar las medidas necesarias en un plazo de seis meses, para que Willian Medina, Awilda Medina y Luis Ney Medina cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana.

El Estado también deberá tramitar los debidos registros para Víctor Jean, Miguel Jean, Victoria Jean y Natalie Jean y que estos cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicanas.

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