Diputado advierte homologar acuerdo PGR-Odebrecht avergüenza al país

Profesor Julito Fulcar Encarnación, Diputado Partido Revolucionario Moderno por la provincia Peravia. Profesor Julito Fulcar Encarnación, Diputado Partido Revolucionario Moderno por la provincia Peravia.

El profesor Julito Fulcar Encarnación (PRM-Peravia) dice decisión judicial es el colmo y que impedirá se haga justicia si no se redobla la lucha contra la impunidad y corrupción. Llamó a la oposición política y el movimiento social e redoblar la lucha.

La homologación del Acuerdo entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la firma Odebrecht es un hecho que avergüenza a la sociedad dominicana y justifica la lucha por recuperar la independencia del poder judicial y la institucionalidad democrática del país, en opinión de un legislador de la oposición.

El profesor Julito Fulcar Encarnación (PRM Peravia) sostiene que la respuesta del gobierno al reclamo nacional contra la corrupción, equivale a pactar una empresa que, confesa como corrupta y corruptora y que transformó al país en la base de operaciones del más ominoso tramado internacional de corrupción e impunidad.

Recuerda Fulcar que el domicilio social de la citada empresa, propiedad del asesor principal del presidente Danilo Medina, se encuentra en la calle José Amado Soler No. 69, Edf. Gampsa, piso No. 6, Distrito Nacional, República Dominicana, donde se encuentran las oficinas empresariales del Ministro de Obras Públicas, ingeniero Gonzalo Castillo, Director de Propaganda de la campaña reeleccionista del PLD.

Revela que Joao Santana y Mónica Moura son suplidores del gobierno dominicano, con el registro número 29659, como propietario el primero de la empresa POLIS CARIBE, S.R.L., creada el día 13 de abril del 2011 y registrada el 3 de mayo del mismo año.

“El gobierno ha impuesto la homologación de ese acuerdo con Odebrecht aún cuando violenta los artículos 34 a 39 del Código Procesal Penal, que invalida el Criterio de Oportunidad en su condición establecida y que dice que no es aplicable el criterio “cuando se trate de un hecho que comprometa gravemente el interés público”.

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