Explicaron desde la puesta en vigencia de la Ley 17-97, antecesora de la Ley 166-03, y con el apoyo de entidades públicas, de la sociedad civil y la cooperación internacional, los municipios han realizado esfuerzos por fortalecer su institucionalidad y los sistemas de gestión así como por modernizar la administración financiera de los ayuntamientos.

A juicio del dirigente municipalista, los legisladores deben reiniciar el proceso de diálogo y consultas técnicas, así como propiciar el más amplio consenso social alrededor de los principios y criterios del ordenamiento territorial: "Es una oportunidad que tiene la República Dominicana, que no debe perderse por no tomar en cuenta la naturaleza delicada de un asunto como el ordenamiento territorial, que es clave para el desarrollo económico y social".