Cámara Civil y Comercial ratifica embargo a Ministerio de Salud por sentencia laboral
- Publicado en Santo Domingo de Guzmán
Denunciaron que a los pocos días de haber recibido los 108 millones de pesos provenientes de CORMIDOM, el alcalde y los regidores se aumentaron los salarios, el primero de 90,000 pesos mensuales a 200 mil, entre salario y gastos de representación, y los últimos, de 30 mil a 70 mil pesos.
La cámara civil y comercial del departamento judicial de Monseñor Nouel conocerá el próximo martes 9 de octubre el recurso de amparo solicitado por la sociedad civil de Maimón en contra del alcalde de esta localidad, William Álvarez, quien se ha negado a entregarles los soportes del gasto municipal de los últimos tres años.
En rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy en esta localidad, los representantes de la sociedad civil señalaron que el ayuntamiento de Maimón recibió el 5 de septiembre pasado, 108 millones de pesos, de la Corporación Minera Dominicano (CORMIDOM) por concepto del pago del 5% de los beneficios netos de esta empresa que establece la Ley 64-00 de Medio Ambiente, y en los dos años anteriores, alrededor de 75 millones por el mismo concepto, existiendo claros indicios de graves irregularidades en la administración de estos recursos y los que se reciben del presupuesto nacional.
Afirmaron que la negativa del alcalde William Álvarez de entregar los documentos solicitados, es una tácita confirmación de la existencia de estas irregularidades.
Dijeron que el pasado 15 de agosto, depositaron una carta en el ayuntamiento de Maimón demandándole al alcalde la entrega de 18 documentos que son soportes de los gastos realizados desde el año 2010 por este cabildo. Ante la negativa del alcalde de satisfacer esta solicitud suscrita por miembros del Consejo Económico y Social y dirigentes de importantes organizaciones sociales y comunitarias del municipio, decidieron incoar un recurso de amparo el pasado viernes 28 de septiembre, añadieron.
Otro escándalo que denunciaron los representantes de la sociedad civil es que el Ayuntamiento de Maimón debiera más de 40 millones en deudas contraídas el año pasado para ser pagadas en este año con los recursos entregados por CORMIDOM, en flagrante violación de la Ley número 606 de Crédito Público que obliga las entidades autónomas, como son los municipios, a solicitar la autorización del Congreso Nacional para contraer deudas cuyo compromiso de pago traspase los límites de un año fiscal.
Indicaron que la mayor parte de los recursos municipales se han gastado en construcción de aceras y contenes a precios sobrevaluados y pagados en su mayoría a una empresa, de la cual el propio alcalde es uno de los dueños.
Manifestaron que el alcalde y los regidores se han opuesto a aplicar a los recursos aportados por CORMIDOM el reglamento para el uso de los recursos provenientes de industria extractiva que ha sido aprobado y aplicado por las municipalidades pertenecientes a la Mancomunidad Municipal para el Desarrollo de la Franja Oriental del Cibao Sur.
Explicaron que el alcalde prefirió romper con esta Mancomunidad antes de cumplir con este reglamento que establece que los ingresos aportados por las empresas mineras deben priorizarse para la inversión en remediación ambiental y recursos naturales y en los proyectos de los Planes de Desarrollo Municipal que en Maimón fuera aprobado en el 2009, mediante la celebración de un plebiscito organizado con el apoyo de la Junta Central Electoral (JCE).
"La conquista histórica de que por primera vez una empresa le pague el 5% que establece la Ley 64-00 al municipio de Maimón obtenida gracias principalmente a la realización del Plan de Desarrollo Municipal y del plebiscito del 3 de mayo del 2009, no vamos a permitir que sirva para que un grupito se haga rico," puntualizaron.
La solicitud del recurso de amparo que será conocido el próximo martes 9, a partir de las 9 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Bonao, fue suscrito por 17 ciudadanos y munícipes de Maimón, entre los que figuran miembros del Consejo Económico y Social Municipal y dirigentes de las principales organizaciones sociales de la localidad.
Entre los firmantes de la solicitud del recurso de amparo figuran Isabel Peña, Ramón Acevedo, Santo Rodríguez, Miguelina Ovando, Ramón Antonio Díaz y Clarivel Bautista, entre otros.
Lanegativa de algunos funcionarios estatales de no entregar la información requerida por ciudadanos en apego a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública sigue trayendo como consecuancia la condena de los infractoras.
