Dijo que esa situación está generada especialmente por la falta de comprensión y práctica de los roles de los dos órganos de los gobiernos municipales, consagrados en el art. 201 de la constitución y en la Ley 176/07, en el sentido de que los regidores tienen funciones de fiscalización de la gestión municipal y los alcaldes de ejecutivos municipales por lo que es inconcebible que a partir de las reformas municipales que los que van a ser fiscalizados escojan el presidente del órgano fiscalizador.

A mediado de la década del noventa, el líder dominicano, José Francisco Peña Gómez sugirió a los políticos del momento pactar para atenuar los enfrentamientos que se suscitaban en los ayuntamientos al momento de elegir los bufetes directivos de las salas capitulares (ahora Concejos de Regidores)[1].

La discusión y firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana conocido como CAFTA, obligó al Estado Dominicano a legislar para varias leyes que se exigían como antesala a la firma el pacto económico; algunas de las leyes sugeridas por los países participantes en el TLC, eran la de Propiedad Intelectual, Compras y Contrataciones y de Acceso a la Información.