Agregó que el Estado debe indemnizar todo daño antijurídico que produzca cualquiera de sus autoridades por hechos, actos u omisiones, tales como los errores judiciales y la privación injusta de la libertad. "Siempre he creído que la restricción de un derecho fundamental y consustancial al hombre no debería partir de sospechas o meros indicios, pero sea como fuere, las equivocaciones del aparato punitivo deben comportar consecuencias patrimoniales para el Estado", aseguró Cury.

La red manifiesta que dichas violaciones a acuerdos internacionales "convierten las repatriaciones en una práctica que viola las normas del debido proceso que son aplicables a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas así como una violación al derecho fundamental a la tutela Judicial efectiva".

A decir de la RFJS con ese tipo de repatriaciones las autoridades migratorias las convierten en una práctica que viola las normas del debido proceso que son aplicables a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas así como una violación al derecho fundamental a la tutela Judicial efectiva.