SCJ destituye alguacil por desalojo ilegal en Punta Rucia, Puerto Plata

El alguacil había sido acusado de violación a la ley 396-19 que regula el ejercicio de la Fuerza Pública para llevar a cabo medidas ejecutorias, en contra del señor Ramón Andrés Reynoso Pichardo, a quien mediante acciones fraudulentas lo despojaron de su vivienda luego de haberle realizado en su casa un deslinde fraudulento sin que este se enterara por parte del agrimensor Segundo Antonio Brito Marte, quien tambien fue suspendido de sus funciones mediante cuatro juicios disciplinarios llevados a cabo por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), mientras el departamento de asuntos internos de la Policia Nacional oculto la investigación para proteger.

En la ejecución de dicho desalojo se realizó a requerimiento de la sociedad Franasyl, S.R.L. y del señor Abraham Selman Hasbun, sin cumplir con el debido proceso establecido, desalojo en el cual dos personas hasta ahora desconocidas simularon uno ser el juez de paz y otro el fiscal y procedieron a romper los candados que dan acceso a la propiedad del señor Ramón Andrés Reynoso Pichardo, acompañados de miembros de la Policia Turística (Cestur), mientras la vivienda se encontraba cerrada y posteriormente la misma le fue entregada al ex director de la Policia Turística, como compensación por brindarles apoyo militar corrupto al proceso.

Según reveló el abogado Amadeo Peralta, actualmente se llevan a cabo otras investigaciones y procesos judiciales contra otros alguaciles de Puerto Plata por su participación activa como miembros de ese entramado conocido como “la mafia de Punta Rucia” y advirtió que todo alguacil, agrimensor, notario y abogado que pertenezca a ese entramado será sometido a la justicia para que responda por sus actos delictivos.

Tanto el Ministerio Público, como las Inspectorías del Poder Judicial y del Ministerio Público, están llevando a cabo diferentes investigaciones para desmantelar una red de falsificaciones de documentos con los cuales obtuvieron cartas constancias y posteriormente iniciaron procesos fraudulentos de deslindes de casa y propiedades sin que nadie lo supiera en la comunidad de Punta Rucia y posteriormente desalojaban a sus propietarios y a otros les depositaban falsas acusaciones de violación de propiedad para extorsionar a las víctimas para que entreguen sus viviendas a personas que ni ellos conocían, entre ellos, varios norteamericanos que han sido víctimas de estas mafias y que se espera que la Procuraduría General de la República actúe contra los mismos.