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Proconsumidor denuncia agresión y secuestro a inspectores en San Francisco de Macorís

Anina Del Castillo finalizó advirtiendo que estos casos serán tramitados por ante los tribunales correspondientes y en su gestión no se permitirá estos tipos de agravios y que como autoridad que vela por el bienestar de los consumidores hará cumplir la ley 358-05 y que no le temblará el pulso para sancionar estas malas prácticas comerciales.

La directora de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, denunció este jueves que varios de sus inspectores fueron agredidos y encerrados dentro del Supermercado Juan en San Francisco de Macorís impidiendo el retiro de productos vencidos.

Del Castillo, declaró que el dueño del establecimiento agredió verbalmente a los inspectores, los encerró dentro del comercio, clausurando las puertas e impidiendo que los productos indicados fueran decomisados.

Indicó que 15 personas armadas pusieron en riesgo la vida y seguridad de los empleados de Pro Consumidor y de  ciudadanos que se encontraban en el establecimiento y que solo la profesionalidad y autocontrol de nuestro cuerpo de inspección, evitó una tragedia que lamentar.

Del Castillo afirmó que los inspectores fueron impedidos de retirar los productos que se comercializaban en prejuicio de la salud y seguridad de los consumidores por estar vencidos, golpeados, en mal estado, oxidados entre otros.


Asimismo, se informó que posteriormente otros establecimientos comerciales de esa localidad, impidieron la entrada de nuestros inspectores a sus comercios.

Sostuvo, que existe una campaña por parte de sectores interesados que buscan desconocer la facultad de Pro Consumidor, alegando que se requiere de un permiso inspeccionar y decomisar.

“No es posible que previo a un decomiso por productos vencidos o por mala calidad, mordidos por ratas o cualquier otra situación que ponga en riesgo la vida humana haya que acudir a un juez o solicitar una autorización para, entonces, y no antes, proceder a la incautación, como se ha alegado en estos últimos meses.
 
A la vez informó que también se pretende desconocer la facultad de imponer multas que le da la Ley 358-05 y que en tres decisiones diferentes reconoció la Suprema Corte de Justicia.

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