Cuando leí sobre la selección de Francina Hungría como candidata a la vicealcaldía del Ayuntamiento del Distrito Nacional pasé por un estado de situación prolíficamente confuso. Para salir del juego de confusiones tuve la determinación de elaborar a vuelo de pájaros un menú detallado de preguntas, que me ayudarían a obtener respuestas que me sacarán de las borrosas imágenes que se habían insertados en mi cerebro.

Contrario a la mayoría de países latinoamericanos, donde la propaganda política y electoral está regulada por leyes rigurosas, en República Dominicana las normas legales en la materia son escasas. Peor aún, su implementación es pobre, negligente, y medalaganaria. Este estado de cosas propende al uso desigual de la propaganda política por parte de los que detentan el poder. Ello quedó de manifiesto en el reciente “Tercer informe de observación electoral”, perfilado por Participación Ciudadana.

A su regreso a la República Dominicana procedente de los Estados Unidos, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, cogió cuerda al preguntársele sobre la versión inventada por el periodista diplomático César Medina, de un posible llamado a no votar que podría hacer ese partido opositor a sus seguidores ante una virtual derrota frente al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de este año.