Colegio de Abogados denuncia proyecto ley fideicomiso busca impedir lucha corrupción
- Escrito por Miguel Encarnacion
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- Publicado en Santo Domingo de Guzmán
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El Colegio de Abogados (CARD) depositó en la Cámara de Diputados formal oposición al proyecto de ley de fideicomisos, por considerar que la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.
El presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la creación de un Estado paralelo, con presupuesto paralelo, manejado en la clandestinidad, cuyas operaciones serían manejadas con total discrecionalidad e impunidad, tal y como se contempla en su artículo 13, que de manera expresa excluye la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, respecto a las operaciones administrativas de los fideicomisos públicos, los cuales serán regidos por el reglamento que creará cada fideicomiso, por cuya violación solo habrá sanción administrativa, no penal, abriendo las puertas a la impunidad y a la corrupción en el manejo del patrimonio y los recursos públicos.
“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la nación, no solo porque legitima la contratación de deudas de manera indiscriminada, sin control ni registro en la Direccion de Deuda Pública, sino porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, incluyendo ayuntamientos, distritos municipales, ministerios, direcciones generales y corporaciones públicas, que contraviene la Constitución de la República, muy especialmente en los artículos 140, 146, 233, 245, 246 y 248”, afirmó el gremialista.
Surún Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas estén a favor de empresarios oligarcas, quienes, sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.
Apuntó que en la actualidad no existe vacío en esa materia, pues los fideicomisos públicos son regulados por las leyes 340-06, de Compras y Contrataciones de Bienes, 200-04, sobre Información Pública, 247-12, de Administración Pública y 10-07, de Control Interno del Sector Público, por tratarse de patrimonio público y advirtió que con la pieza legislativa se pretende eliminar esa competencia para anular cualquier resquicio de transparencia en la operación.
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