Diputados analizan con director de APP proyecto de ley que regularía concesiones

De entrada, el funcionario explicó que el Gobierno está inmerso en la revisión de los contratos de concesiones previos al 2006, los cuales en algunas de ellas se ha podido desarrollar el contrato de manera óptima, y otras no se ha podido por ciertas situaciones que son en gran medida atribuibles al Estado dominicano. 

"Luego de haber pasado durante más de dos años recibiendo diferentes tipos de informaciones y revisando documentaciones, conjuntamente con el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, tomamos la iniciativa de preparar un anteproyecto de ley en el cual se pudiesen establecer condiciones mínimas regulatorias de todos esos contratos que fueron suscritos previo al 2006 con la finalidad de poder, aquellos que estén vigentes, revisar su condición actual y en caso de que sea necesario y sea beneficioso para el pueblo dominicano, poder otorgar algún tipo de remuneración adicional o verificar cualquier aspecto del contrato, someterlo a revisión", explicó.

Aclaró que en el proyecto de ley no se le otorga ningún derecho a ninguna empresa concesionaría y que lo que hace es que delega en el Gobierno Central o a una autoridad pública la discrecionalidad de disponer, si entienden conveniente o no, hacer cualquier tipo de ajuste a la concesión.

Sigmund Freund aclaró también que están fuera de la pieza legislativa aquellos contratos de concesión que están bajo la sombrilla de leyes especiales como por ejemplo en los contratos en materia eléctrica, que hay una ley especial, que es la Ley General de Electricidad, ni los contratos de telecomunicaciones, que tiene una ley del año 2002.

Explicó, además, que se estableció el sentido de temporalidad para que sea aplicada por unos tres años. "No pretendemos que esta ley sea permanente en el tiempo porque ya para eso existe la Ley de Alianza Público-Privada, sino que esto viene solo a regular un vacío legal que existe con decenas de contratos que están vigentes actualmente y otros que están en un especie de limbo jurídico, porque no han podido ser materializados en virtud de la ausencia de estas disipaciones legales que permitan que puedan llevarse a cabo".