Sociedad civil pide cumplir con Ley del Defensor del Pueblo

Las organizaciones de la sociedad civil Participación Ciudadana y la Fundación Justicia y Transparencia reclamaron del Senado de la República cumplir con lo establecido en lo relativo a la escogencia del Defensor del Pueblo.

Participación Ciudadana manifiestó su satisfacción de que la Cámara de Diputados haya finalmente cumplido con la Ley No. 19-01, después de doce años de reclamos para que fuera seleccionada la terna de candidatos a los cargos de Defensor del Pueblo, suplentes y adjuntos.

El movimiento cívico apartidista espera que el Senado de la República cumpla con su sagrado deber y seleccione a la mayor brevedad posible, de la terna aprobada por la Cámara, el Defensor del Pueblo, suplentes y adjuntos, en pleno cumplimiento de la Constitución y de la ley.

El Defensor del Pueblo es una autoridad neutral y con independencia funcional que contribuirá a la salvaguarda de los derechos fundamentales y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución y en las leyes, en el caso de ser violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares. De igual manera, puede fungir como mediador en demandas colectivas, imponer amonestaciones a funcionarios públicos, así como recomendar al superior jerárquico sanciones de un funcionario que no cumpla con su deber.

Otras funciones son las de depositar memoriales de apoyo (amicus curiae), interponer acciones de inconstitucionalidad, acciones de amparo en interés de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos, cuando estos sean violados, amenazados o puestos en peligro por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares. Así como también, solicitar el amparo de cumplimiento para la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivos para hacer efectiva el cumplimiento de una ley o acto administrativo.

Participación Ciudadana recuerda la alta responsabilidad del Senado en su elección, ya que el Defensor del Pueblo debe tener un amplio conocimiento de la administración pública y de la gestión gubernamental, y sentará las bases para la creación de una institución creíble y legítima, para la salvaguarda de los derechos fundamentales y el correcto funcionamiento de la administración pública en la República Dominicana.

De su lado, la Fundación Justicia y Transparencia advirtió que la selección del Defensor del Pueblo debe cumplir con el mandato constitucional de transparencia como fuente de legitimidad de las futuras autoridades.

Trajano Vidal Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, dijo que la escogencia de ese órgano representa una de las conquistas más anheladas de la sociedad dominicana, por lo que no debe estar empanada de dudas que contaminen el proceso.

El jurista se refirió a las denuncias formuladas por el diputado Hugo Tolentino Dipp de que en la terna para adjunto del Defensor del Pueblo se incluyó a Julio Salín Ibarra Pión como candidato sin haber participado en la evaluación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que conformó las propuestas.

Tolentino Dipp se levantó en medio de la sesión de la Cámara de Diputados que este martes escogió las ternas para el Defensor del Pueblo, sus adjuntos y suplentes, y dijo que se pretendía imponer a Ibarra Pión en lugar de una candidata que había fallecido, pero que al no haber sido sometido al escrutinio previo de evaluación por los diputados, su inclusión era ilegal e inconstitucional.

Potentini confió en la prudencia y la mesura del presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez, para enmendar ese dislate institucional y excluir a Ibarra Pión, a fin de que la Defensoría del Pueblo esté dotada de la credibilidad y confianza ciudadana