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Denuncian por prevaricación a directora de compras de Salud Pública

Denuncian por prevaricación a directora de compras de Salud Pública

La denunciante exige también que se investigue a Suriel por la remodelación y equipamiento del hospital Francisco A. Monzalvo, de La Romana, dada su reticencia a informar la modalidad de contratación empleada.

La empresa DEPOMAX, SRL, presentó ante la magistrada Laura Guerrero Pelletier, directora del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República, una denuncia por cohecho y prevaricación en contra de Maritza Altagracia Suriel, actual directora de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública.

La denuncia fue presentada a través de su abogado, Julio Cury, quien luego de depositarla expresó que la funcionaria ha dispuesto la adquisición de bienes en violación a la Ley No. 340-06 y al Reglamento de Aplicación No. 543-12.

Destacó que Suriel tampoco ha respetado los umbrales o montos topes que determinan la modalidad de compra o contratación procedente, además de que supuestamente no se ha cuidado de escoger proveedores con apego a los rubros que están autorizados a ofrecer en virtud del Registro Nacional de Proveedores del Estado.

La denuncia señala que a "Electromuebles Tony", se le compraron de forma directa cinco mil colchones hospitalarios por un valor unitario de 4 mil 964.80 pesos, para un total de24 millones 824 mil pesos, siendo la licitación pública la modalidad correcta dado el monto envuelto. Se alega que los colchones adquiridos no eran hospitalarios, sino meras colchonetas de dos pulgadas, y cuyo costo de mercado oscila entre mil quinientos y mil ochocientos pesos.

Igualmente, se sostiene que a la misma empresa, que según el Registro de Proveedores del Estado solo está autorizada a proveer artículos del hogar, se le compraron sin licitación cinco mil unidades de tanques de gas de 25 libras por un valor unitario de RD$2,076.40, para un total de 10 millones 382 mil.

Cury manifestó que el artículo 146 de la Constitución condena las distintas formas de corrupción en la administración pública, incluida la proporción de ventajas a amigos o relacionados, y que el Ministerio Público deberá determinar si en las compras y contrataciones violatorias a la ley que ha realizado la funcionaria, no ha maniobrando con el interés de favorecerse o favorecer a allegados.

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