Peralta confió en que esas personas terminarán en prisión, porque "todas representan peligro de fuga y tomando en cuenta el grado de culpabilidad que pesa sobre cada uno de ellos", tras indicar que lo mismo debe disponer la autoridad contra cualquier otro individuo que resulte como co-autor, cómplice o responsable de los hechos citados en la querella".

El tribunal declaró sin ningún valor ni efecto jurídico las decisiones adoptada por la Junta Distrital de Cabarete rechazando la suspensión de Canoa y declarando inconstitucional el artículo 44 de la ley de municipios que ordena suspender a un funcionario procesado por un delito de carácter criminal.

La acción criminal la habría cometido al llevar a la infante a unos matorrales, situado a unos 200 metros de la vivienda donde reside la víctima.