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Aplazan para el 17 julio conocimiento coerción contra alcalde Mondesí

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De acuerdo con la Pepca, los funcionarios realizaban pagos mensuales y consecutivos a favor de esposas, hijos, suegro, y personas con vinculación de consanguinidad, allegados, amigos y relacionados de las principales autoridades del cabildo, la mayoría de las cuales no asisten ni prestan servicios en ese ayuntamiento.

La jueza de la instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Luz del Carmen Matos, aplazó hasta el 17 de julio la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción contra el alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, acusados de corrupción.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó el pasado 11 de junio el arresto de Mondesí, ex pelotero de las Grandes Ligas, y de otras cuatro personas, por presunta malversación de fondos por un monto que supera los 300 millones de pesos.

En la primera vista, el 12 de junio, ya hubo un aplazamiento hasta el día de hoy para permitir al contador del Ayuntamiento de San Cristóbal, Pedro Cordero Valverde, también imputado, que contratara a un abogado para que le defienda. En este caso, la magistrada adoptó a petición de la abogada que se ha hecho cargo de la defensa de Cordero Valverde, para que pueda familiarizarse con el caso.

En el expediente, la Pepca también involucra en el caso al secretario general de la alcaldía, Bienvenido Araujo Japa; al tesorero municipal, Antonio de Jesús Ferreira Guzmán; y al funcionario Edward Vianelo Guerrero Pontier.

Al grupo se le acusa de manejar los fondos sin cumplir con los procedimientos, elaborar los estados financieros sin criterios técnicos, además de no reportar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) los impuestos que retenían, y no cumplir mínimamente con el presupuesto.

Están acusados, además, de confeccionar documentos falsos para contrataciones de servicios, así como de hacer pagos excesivos por la realización de obras de infraestructuras.

En la acusación, la Pepca requirió a la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal la apertura a juicio y la imposición de medida de coerción "por hechos graves de corrupción" contra el alcalde y los otros cuatro funcionarios.

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