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Imputado personal de seguridad ferroviaria por accidente en España

Imputado personal de seguridad ferroviaria por accidente en España Fuente externa.

Este incidente fue considerado como la peor catástrofe ferroviaria de la historia de España en cuatro décadas.

La justicia española imputó al personal de seguridad ferroviaria de la empresa pública ADIF en la causa que investiga el descarrilamiento de un tren el pasado 24 julio, con saldo de 79 muertos.

El tren, procedente de Madrid con más de 250 pasajeros a bordo, se salió de la vía en una curva peligrosa cerca de la estación de Santiago, una zona donde la línea, de alta velocidad hasta ese momento, se convierte en vía convencional y la velocidad se limita a 80 kilómetros por hora.

El juez Luis Aláez, que instruye el caso del accidente ocurrido en Santiago de Compostela, capital de la región de Galicia, considera necesario saber si existieron posibles hechos reprochables de los operadores que debían garantizar la seguridad de la circulación.

La pesquisa judicial trata de averiguar los motivos por los que el tren descarriló a 179 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 km, justo después de que el maquinista terminara una conversación telefónica con el interventor del convoy.

Sobre las muertes

El magistrado explicó que las muertes y lesiones que provocó el siniestro (más de 150 heridos) se encuentran "obviamente conectadas" con la conducción inadecuada por exceso de velocidad del maquinista Francisco José Garzón, imputado de homicidio por imprudencia.

Un examen de las circunstancias de la tragedia "permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventiva de naturaleza vial y, en definitiva, con una conducta imprudente de las personas responsables de garantizar una circulación segura en el tramo de la vía donde se produjo la catástrofe", señaló.

Aláez expuso que ante un posible error humano, se deberían haber adoptado otros procedimientos que salvasen o evitasen una predecible equivocación, advirtiendo del peligro.

Indicó que a los responsables de la seguridad ferroviaria, quien sería el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, gestor de la red) les afectaba el deber de adoptar las cautelas adecuadas.

Escasa precaución

"Ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en dicha línea, constitutiva de una imprudencia punible", enfatizó el juez instructor.

Dijo que, al depender la reducción de la velocidad en el tramo sólo de la percepción del maquinista, era previsible que un descuido humano pudiera provocar un accidente, ante la ausencia de más señales previas a la aproximación de la curva del accidente.

 

 

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