Es de suma importancia la construcción de unidad entre el gobierno local y la población en su conjunto (base de la gobernabilidad), sustentada en la ejecución efectiva de proyectos exitosos de mejoramiento de la calidad de vida, en signos palpables de participación ciudadana y de fortalecimiento de la comunidad, en la promoción y reconocimiento de los distintos sectores y actores sociales, y en la construcción de ciertas confianzas básicas en torno al futuro de la vida en el escenario local.

El municipio como expresión del Estado más próxima al ciudadano, debe ser repensado y fortalecido, y debe concebirse como el representante de la comunidad local ante las instancias regionales y nacionales, más que como el representante de éstas ante la población local. El municipio debe entenderse como una totalidad en sí mismo, en la medida en que su actuación está referida al conjunto de la sociedad local. En cuanto órgano de gobierno, se expresa en multiplicidad de frentes, tareas y responsabilidades. El municipio debe ser también generador de políticas que permitan construir una entidad y una identidad surgidas del respeto y la valoración de la diversidad, que tengan legitimidad, que fortalezcan y auspicien la participación de la población y que promuevan la comunicación y el diálogo colectivo. Debe propiciar el surgimiento de capacidades de acciones simultáneamente locales y globales, representativas y descentralizadas.

El municipio también está en posibilidad de propiciar una atmósfera en la cual sea posible la solidaridad, que permita fortalecer las múltiples identidades y promover la consolidación de órganos legítimos en un contexto de crisis generalizada; fortalecer el orgullo y el sentido de pertenencia, auspiciar la ilusión movilizadora de comprometerse en un proyecto social y promover una cultura de la planificación para un mundo dinámico y cambiante. Abrir la posibilidad para que desde el municipio, como principal y más inmediato actor público estatal, se fortalezca la comunicación y el diálogo entre distintos actores sociales y se construya un sentido de pertenencia colectivo a partir de la participación ciudadana.

El municipio debe recuperar su condición de bisagra entre el ciudadano y el Estado, lo cual es posible mediante tres mecanismos de comunicación: Primero Creación de nuevas formas institucionales de representación, Segundo Desarrollo en la práctica de propuestas de descentralización y Tercero. Ampliación de las formas de participación de la población en el gobierno local. En otras palabras, la base para una buena comunicación está dada por la eficacia de los procesos de democratización y participación. La descentralización no es sólo cuestión de normas y de legislación. Es un proceso complejo que involucra tanto aspectos jurídicos, como costumbres, formas de vida, concepciones, poderes locales, regionales y nacionales, y que compromete una buena cantidad de actores ligados a la vida municipal: partidos, iglesias, gremios, sector educativo, organizaciones sociales y de pobladores, organizaciones sectoriales, centros académicos y profesionales, autoridades y burocracia municipal.

La vinculación de los actores es también diferenciada y depende de los procesos de asimilación y de su compromiso con la descentralización, frente a la cual no todos los actores juegan un papel dinamizador. Por el contrario, existen muchos que se oponen a su desarrollo y aplicación, en la medida en que implica pérdida de poder. La responsabilidad del municipio en la gestión del riesgo parte desde la concepción misma del desarrollo, pasa por la planificación territorial y la determinación sobre los usos del suelo, e incluye, por supuesto, la formulación e inclusión de estrategias de prevención y mitigación en todas las acciones de planificación urbana, y la gestión y asignación de recursos para los planes y programas de cualquier índole, incluidas las investigaciones y actividades de sectores no gubernamentales y comunitarios.

Las comunidades no son sólo el producto de la concentración de población en un mismo espacio geográfico, sino el resultado de la convivencia de numerosos y variados actores sociales que, por lo general, actúan de manera aislada y dispersa. La relación de los habitantes con el gobierno local se deteriora cuando no existen canales institucionales de representación y participación. Es posible superar ese deterioro a través de una permanente y efectiva comunicación entre el Estado y la comunidad.

Convertir en realidad un proyecto de comunidad, requiere de una política de comunicación que evite los desencuentros, propicie la vinculación y proximidad entre la población y sus instituciones fundamentales, estimule el diálogo comunitario y genere espacios, medios y canales a partir de los cuales sea posible construir participación, representación y legitimidad. Por ello la comunicación debe convertirse, también, en elemento esencial del accionar municipal. Es necesario redefinir y fortalecer los espacios de socialización y su vinculación con el municipio, como el órgano estatal más próximo a la sociedad civil. Espacios que permitan establecer múltiples diálogos e identidades, y que además hagan posible el encuentro, el mutuo entendimiento y la integración de diversos sectores y actores sociales entre sí, y de éstos con el Estado. En esta tarea las municipalidades deben asumir una responsabilidad adicional y mayor, e incluir en su propuesta de política municipal la comunicación y el diálogo comunitario, como parte de la formación, consolidación y fortalecimiento de los actores sociales.

Para efectos de la gestión del riesgo, el diálogo comunitario que se desarrolla dentro de los espacios de socialización resulta ser una herramienta efectiva en la obtención de información sobre la realidad local, tal y como la interpretan los propios pobladores. El "conversatorio" local debe entenderse como proceso de aprendizaje, tanto para los miembros de la comunidad y sus autoridades, como para los agentes externos, situación que asegura la reflexión, el registro y el análisis de la información relevante, en especial durante la fase de definición de necesidades (diagnóstico). Existen métodos y herramientas que permiten registrar y sistematizar información procedente de la discusión informal al interior de estos espacios. Esta información de primera mano permite, entre otras cosas, dibujar el cuadro de la vulnerabilidad global de la comunidad frente a las distintas amenazas, lo cual constituye la base y el fundamento para la generación de propuestas y el proceso de toma de decisiones. Para poder asumir plenamente el papel que le corresponde en los espacios de participación y decisión, la gente necesita información. Así como es importante recoger los conocimientos y experiencias de la comunidad, también es importante poner a su disposición la información y el conocimiento existentes sobre el riesgo y sus causas, y aquella relacionada con las estrategias posibles o viables de manejo o reducción del riesgo a nivel local y/o regional. Es decir, establecer un verdadero diálogo de saberes entre el Estado, el mundo académico y la comunidad.

Es necesario, entonces, reforzar las redes y los contactos horizontales que le permitan a la población aprender, enseñar y compartir información. Hay que formalizar canales (hasta ahora casi completamente inexistentes) que permitan recoger los resultados de anteriores experiencias locales de prevención y manejo de desastres, y sistematizar los elementos metodológicos y técnicos susceptibles de ser adaptados y utilizados en nuevos contextos. En nuestras comunidades existe una enorme riqueza en materia de experiencias espontáneas de adaptación de la comunidad a la dinámica de su entorno que, en la medida en que se conozcan, evalúen y difundan, pueden servir de base para establecer estrategias adecuadas de gestión ambiental.