¿Cómo garantizar la buena administración pública de los derechos humanos en RD?

Es así, como la buena administración pública en nuestra nación, que hace alusión al deber que tienen las instituciones de garantizar servicios con óptimo nivel de calidad, eficiencia y efectividad, en su exhibición de buenas prácticas o la estrategia del bien hacer,  fortalece la institucionalidad y permite que la población alcance bienestar social: la paz ciudadana y la felicidad laboral.

Como la buena administración, implica la creación de políticas públicas, las instituciones prestadoras de servicios y sus colaboradores o empleomanía, tienen que tomar decisiones; diseñar e instrumentar acciones que lleven al citado bienestar colectivo. Medidas que sacien   necesidades básicas y garanticen derechos fundamentales, como la salud de la comunidad, la convivencia solidaria, diáfana administración y fuerte función pública. 

Estrategia del bien hacer y controles

La estrategia del bien hacer: buenas prácticas en la administración pública, es la  táctica que permitirá la erradicación de la corrupción administrativa en nuestros Estados, porque “Involucra, la posibilidad de participar; un derecho a observarse en cada actuación administrativa, partiendo del conjunto de decisiones tomadas por el Estado, a obtener información, a interponer recursos y controvertir las decisiones de las autoridades públicas, a exigir su intervención para solicitar a funcionarios una asistencia oportuna, a fin de prevenir prácticas inadecuadas o corruptas…, malversación de fondos públicos para beneficio personal o ajeno”, argumenta la Revista de Derecho Administrativo de la Universidad del Norte, Colombia.

Cuando abrazamos la buena administración ofrecemos fiel cumplimiento a las funciones del Estado, que le son propias en democracia, siempre centrada en ofrecer servicio con excelencia a la ciudadanía, como manifiesta el connotado jurista Gregorio Montero, en sus obras Dimensiones de la Administración Pública del Siglo XXI y Régimen Jurídico y Profesionalización de los funcionarios Públicos.

Es a partir de la regulación y la definición de controles, que se puede garantizar la buena administración pública, como principio y derecho de los países. pero esto, implica que las actuaciones de las instituciones públicas, debe estar acorde a lo que estipula la Constitución; los instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico, como las leyes 41-08, de Función Pública; 247-12, de Organización de la Administración Pública; 107-13, Derechos de las Personas en su Relación con la Administración Pública y Procedimientos Administrativos, entre otras.

Los servicios deben ofrecerse amparados en valores universales, entre ellos, la ética, transparencia y responsabilidad. Porque, la buena administración pública y el buen Gobierno, fortalecen el Estado de Derecho, mediante sus principios de legalidad, eficiencia, racionalidad, objetividad, calidad, calidez y mérito. También el comportamiento y la transparencia. 

Compromiso social del Estado y la persona trabajadora 

La Constitución del año 2010, instituyó a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, y eso implica, que la persona trabajadora o los servidores públicos, tienen la responsabilidad de propiciar el fortalecimiento de las instituciones, mediante sus competencias y perfiles; con su trabajo diario, para que la administración pública sea cada día más ágil y pertinente. 

Mientras que, el Estado es responsable de procurar y lograr, desarrollo sostenible, mediante su función de conductor y regulador de los cambios, de las transformaciones y del bienestar de la gente. Un compromiso, que lleva a la práctica,  el reconocimiento o garantía de los derechos fundamentales, planteados en la Constitución. 

De igual forma, la estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (END), Ley 1-12, en su primer eje estratégico,  plantea la conformación de: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local”.

Toda persona servidora pública debe exhibir compromiso social, es decir, la responsabilidad que desarrollamos para el socorro de nuestra comunidad, para obtener el bien común. Decía el gran filósofo José Ortega y Gasset, que solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo, porque, cuando todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. “La persona funcionaria pública es empleada de la persona ciudadana”.

No basta con llegar temprano cada día a nuestros lugares de trabajo y realizar las tareas diarias. Hay que accionar con calidez, oportunidad, sensibilidad y amor. Es necesario poseer motivación, capacidad para transformar y servir u ofrecer servicios desde la humanización y la calidad. 

El Octavo Informe Anual de Avance en la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y cumplimiento de los objetivos y metas del plan plurianual del sector público al 2019, al evaluar  indicadores  del  primer  eje:  “Un  Estado  social  y democrático de derecho” afirma que la República Dominicana, cuenta con  instituciones  que  actúan  con  ética,  transparencia  y  eficacia  al servicio  de  una  sociedad  responsable  y  participativa,  que  garantiza  la  seguridad  y promueve  la  equidad,  la  gobernabilidad,  la  convivencia  pacífica  y  el  desarrollo  nacional  y local.  

#Cápsula educativa Fomento a la ética institucional.

Democratización de la administración pública

Al estar la administración pública de hoy, centrada en la persona, es necesaria la democratización de la administración pública. Los seres humanos, además, de identificar sus derechos y cumplir deberes, quieren espacios de participación, para ejercitar su protagonismo y participar de manera directa en la gestión pública, acción que inicia por el reconocimiento, establecimiento y acatamiento de un sistema de mérito. 

Hoy la población exige sus derechos, los reclama; realiza ciudadanía social y acciona en justicia. Porque que se debe llegar a los cargos públicos por méritos y evaluación. Justamente en nuestra nación, la función pública, que envuelve el conjunto de la administración o actividad de las personas trabajadoras y del Estado, está regida por la Ley 41-08, y sus reglamentos de aplicación, que manifiestan el compromiso del Estado dominicano con la profesionalización de esta actividad. 

La ética como valor para solucionar conflictos 

La mencionada normativa permite que el personal laboral, identifique sus derechos laborales y honre los deberes; el régimen ético y disciplinario, consciente del aporte que, con ello, hace al bienestar de sus conciudadanos. Esto así, porque la ética en la función pública, como valor y como norma, siempre permitirá solucionar conflictos laborales y ofrecer auxilio a las personas usuarias. 

Además, facilita la innovación; tan importante en la función pública actual,  y la solución, cuando ni la tradición, el uso,  la práctica o costumbre, ni las autoridades son una opción, como precisa la Universidad Continental de Lima, Perú.

El comportamiento del personal laboral basado en valores éticos en la función pública, es vital para evitar y salir de crisis; para garantizar gobernabilidad democrática y desarrollo sostenible de nuestras naciones, al exhibir acciones como rendición de cuentas; frenar con sensatez y firmeza la corrupción administrativa.  

La función pública endureció su brazo en la garantía de derechos durante la pandemia. Caso Pro Consumidor  y Defensa Pública

La vocación de servicio y la responsabilidad social, fue el motor que impulsó a nuestras instituciones y todo su personal, en 2020 y 2021 a ofrecer servicios con altos estándares de cumplimiento, aun durante la crisis sanitaria y el confinamiento a consecuencia del coronavirus. Es el caso del  Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor),  y la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).

Pro Consumidor, como institución facultada por la Ley  358-05  para la  proteger derechos  de los consumidores y usuarios de productos  y  servicios, accionó amparada en los valores solidaridad, honestidad, transparencia, compromiso, lealtad e identidad, capacitando así, durante el citado periodo, mediante acciones formativas, a 4,997 personas, acerca de  sus derechos, en interés de que en momento difíciles de crisis sanitaria, también,  tuvieran protección.  

De igual forma, 39,896 personas fueron impactadas por campañas de orientación; 31,500, sensibilizadas  en  jornadas  comunitarias  y  más  de  100,000  en orientaciones de  consumo responsable, para que la ciudadanía obtuviera productos de calidad y no sea engañada con ofertas comerciales, que pudieran afectar además de sus bolsillos la propia salud.

#Dominicanasincorrupción. Anuncio de Pro Consumidor. Lo fundamental en la administración pública es la pulcritud, la ética y transparencia 

En ese mismo sentido, debido a la dramática pandemia del COVID-19 y  la cuarentena decretada  por  el  Poder  Ejecutivo,  Pro Consumidor garantizó derechos de las personas usuarias, de forma remota, al gestionar sus casos a través de las llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico, plataformas web como Zoom, el contacto *462 para consultas y el portal 311 para quejas y reclamaciones.

Brochure educativo.

De igual forma, desde el observatorio de la publicidad, analizó 2,718 anuncios publicitarios para verificar que las promociones ofertadas al público fueran veraces, comprobables, completas y claras de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 358-05 de Protección al Consumidor.  Por lo que, emitió cien (100) cartas  de  notificación  de  hallazgos  de no conformidades, logrando reducir en  un 40% las  anomalías encontradas.

Guía básica para orientar a los consumidores.

Además, decomisó 11, 504 productos en 2020, para un total de 41,398 en 2021, en mil 175 establecimientos, impartiendo 97 charlas acerca de responsabilidad en el consumo. Asimismo, en su titánica labor, declaró “guerra sin cuartel” contra fabricantes y vendedores de bebidas alcohólicas adulteradas, llegando a clausurar y sancionar 14 establecimientos que provocaron muertes de personas, depositando ante la Procuraduría General de la República los documentos relacionados con el cierre para que esta realice proceso judicial en contra de los propietarios.

ONDP única institución en el país que ofrece defensa gratuita 100% a casos de NNA

De igual forma, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), que de acuerdo a la Constitución es la entidad del sistema  de  justicia  encargada de tutelar los derechos fundamentales que son inherentes a las personas en conflicto con la ley, ya sea que estén privadas de libertad o vinculadas a un proceso judicial; carentes de recursos económicos para pagar un abogado. En el año 2020, asistió, asesoró y representó a 18,836 usuarios, en modalidad virtual, honrando sus valores de vocación de servicio, respeto, efectividad y confiabilidad, entre otros. 

Siendo resueltos el 36.25% de los casos asumidos. Mientras que, en 2021, 150 mil personas fueron defendidas, entre ellas, adultos y menores de edad. De igual forma, durante el distanciamiento social por el Covid-19, realizó reuniones virtuales con todo personal de las ONDP, de forma simultánea para accionar en favor del respeto a la dignidad de las personas y demás derechos fundamentales. 

La ONDP mostró preocupación  por la  situación que  viven  más de 26,659 internos que  guardan prisión en las 43 cárceles que tiene el país, de ellas, 19 del sistema tradicional, y 24  centros de corrección y rehabilitación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; población vulnerables  ante  el covid-19, al  convivir y padecer  brotes de  enfermedades y  contagios,  fruto de la falta  de higiene,  de  ventilación  y precariedades de sistema de salud.

También, ofreció consultas en línea de manera gratuita a personas en condición de vulnerabilidad que fueron asistidas por siete psicólogos, y lanzó la campaña: Conozca  sus  Derechos, junto a la  Embajada  de  los Países  Bajos,  el  Centro  de  Orientación  e  investigación Integral  (COIN)  y  el  Observatorio  de  Derechos  Humanos  para Grupos  en  condiciones  de  vulnerabilidad, con la que, informó a la población extranjera acerca de los servicio que ofrece de   asistencia  legal  gratuita, en interés de garantizar  el respeto  de  sus  derechos  fundamentales  y  el  cumplimiento del  debido  proceso; uno de los  deberes  del  Estado  de acuerdo a  la  Carta Magna. 

Asimismo, presentó el  Protocolo  de  Actuación para  garantizar  el  Acceso  a  Justicia  de Grupos  en  Condición  de  Vulnerabilidad  y Guía  de  Implementación.  Su labor durante este año le hizo merecer el sello de Buenas Prácticas Inclusivas RD,  otorgado por  Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Así, se fortalece la administración pública.

Propone cárceles pasen al nuevo  modelo  penitenciario y verdadera reinserción social

La ONDP mediante 625 defensores-as públicos en todo el país, fortalece el Estado de derecho, al garantizar a las personas acceso a la justicia de manera gratuita. Es por ello, que lamenta en su informe anual,  luego de exponer las visitas y recorrido que realiza de manera constante, que “el país continúe exhibiendo cárceles  que  obedecen  a  un  sistema  tradicional  en  el que  la  situación  de  los  centros penales  se  vuelve  inestable”. 

Los incendios, motines y  fugas  masivas,  maltratos,  la  no  convivencia  de  los internos  en  condiciones  mínimas  de  detención  caracterizan  la  crisis  del  sistema  penitenciario”. Es por esto, que aspira a la  integración  de  todos  los  centros  privativos  de  libertad  al  nuevo  modelo  de  gestión penitenciaria  y  que  se  garantice  verdadera  reinserción  social  de  las personas  privadas  de  libertad.

La ONDP  ofrece asistencia de defensa gratuita en todo el país, incluyendo el 100% de los casos de niños, niñas y adolescentes. En la imagen.  540 internos de La Victoria mientras reciben capacitación acerca de sus derechos y deberes.

Retos para garantizar derechos humanos 

La función pública vista como la actividad que realiza el Estado, la administración pública y sus funcionarios, para propiciar el desarrollo sostenible de nuestro país, enfrenta grandes desafíos, entre ellos, modificar la operatividad en  la administración pública, para optimizarla; transformar la mentalidad de las personas servidoras, y crear nuevos perfiles de cargos, amparados en valores, para que, la persona de este siglo XXI: Era de la Información, además de poseer capacidades básicas para el cargo que ocupa, accione de forma permanente, los principios y valores universales de la administración pública.

Esto así, porque, además de tener funcionarios honestos, es preciso, contar con trabajadores responsables, con compromiso social; para que con su accionar diario contribuya a garantizar derechos fundamentales, y lleve felicidad a las personas usuarias. Es decir, que las y los funcionarios públicos entiendan la realidad que vivimos; hagan aportes a la eliminación de desigualdades, reducción de la pobreza y la corrupción administrativa. En otras palabras, velen por el bienestar colectivo, para que todas y todos vivamos bien. 

Es un desafío el fomento y la creación de políticas de inclusión social, que guíen a la democracia plena. Así como, a la activa participación ciudadana en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas públicas. Porque, como dijo el escritor Jean-Paul Sartre, “El compromiso es un acto, no una palabra”. 

El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 2020, de República Dominicana, es decir el progreso  humano,   en  las  libertades  de  las personas  para  vivir  la  vida  que  desean, arrojó buenas noticias: el país tiene categoría de desarrollo humano alta; Ocupando el lugar 88 de 189 países y territorios. Por lo que, aumentó de 0.599 a 0.756; un incremento del 26.2%. La esperanza de vida al nacer se acrecentó en 7.5 años; los años promedio de escolaridad crecieron en 3.2 años y los años esperados de escolaridad aumentaron en 2.7 años. Creciendo el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita en un 196.1%.

Por eso es necesario en la función pública, continuar el accionar  amparado de la ética, las normas de profesionalización; las competencias y el correcto comportamiento para gestionar la buena administración pública, que visibiliza los derechos de las personas, su relación con la administración y los procedimientos administrativos. Como único camino para alcanzar mayores niveles de bienestar social y económico; de calidad de vida, y eso es el Estado de bienestar.