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Danilo/Barrick, lo legal y lo justo

¿Qué tanto poder tiene la Barrick para echar un pulso con el presidente Danilo Medina, negándole una participación más justa al país en la explotación del oro de Pueblo Viejo? Esta es la pregunta del momento y tiene dos respuestas al parecer contradictorias. Una desde lo legal y otra desde la realidad social. La primera nos remite a la Cámara Internacional de Comercio y la Corte de Arbitraje de París. Es compleja y muchos afirman que allí la Barrick tiene la ventaja. Desalientan los antecedentes de arbitraje internacional con pésimos resultados para el Estado dominicano.

Registro, por ejemplo, la cancelación unilateral del contrato con la mejicana ICA en la gestión de Salvador Jorge Blanco. El país perdió su reclamo y provocó un negativo enfriamiento de las relaciones con México. También el caso de la  Trust Company of the West (WTC), propietaria del 50% de las acciones de EdeEste, y que demandó (año 2007) al Estado en Nueva York por US$68 millones  por incumplimiento del contrato. El país gastó US$17.8 millones en abogados y terminó pagando US$26.5 por las acciones de WTC para cerrar el pleito.

Igualmente, el caso de Codacsa, que acusada de estafar al Estado por el Ministerio de Obras Públicas (diciembre 2009), acudió a la Corte de Arbitraje de París por el arbitraje pactado en el contrato. En respuesta a la ofensiva oficial, este consorcio empresarial (España-Estados Unidos) demandó al Estado por negarse durante varios años a ofrecer el aval cambiario previsto en su contrato, decisión que le impidió obtener financiamiento para construir la autopista del Este. La corte ordenó la terminación del contrato y condenó al Estado dominicano al pago de US$37 millones de indemnización, a lo que se suman US$8 millones pagados a los abogados. Con estos antecedentes, el temor es justificado; y el Gobierno debe hacer sus cálculos; pero al considerar la respuesta a la vertiente social, quien debe pensarlo muy bien es la Barrick, que debe reflexionar cuánto tiempo podrá seguir adelante en medio de la creciente presión social reclamando una justa participación en los beneficios del oro. Las cada vez más frecuentes protestas y la foto publicada en primera página con ocho sacerdotes pidiendo actuar contra la minera, constituyen una advertencia de que podría tener razones legales, pero si transcurren los días sin resolver esta situación, está creando un ambiente socialmente insostenible.

En los casos citados, las razones del Gobierno nunca fueron socialmente justificadas, Codacsa incluso ofreció explicaciones que dejaron muy mal parado al Gobierno. Pero esta vez Danilo Medina se la puso bien difícil a la Barrick, utilizando un enfoque social para descartar lo legal, apoyándose en lo que es justo; y para esto la empresa ni su coro, tienen respuestas.

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