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El Estado está obligado a garantizar los derechos a los periodistas

Por Adalberto Grullón. El próximo jueves tres de marzo. a las 10 de la mañana será conocido un juicio contra cuatro periodistas en la Octava Cámara Penal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Marino Zapete, Diana Lora, Altagracia Salazar y Franklin Guerrero fueron acusados de difamación e injuria por el sacerdote Manuel Ruiz, debido a que estos periodistas divulgaron y se solidarizaron con un reclamo de la Junta de Vecinos del sector El Pedregal para que la escuela de allí, priorice la inscripción de los niños y las niñas residentes en ese barrio capitalino.

La querella carece de fundamento. Por eso les fue rechazada en tres tribunales por donde Ruiz intentó canalizarla. Pero el juez de la octava camara la acogió hace meses y desde entonces ha realizado varias audiencias con sus consecuentes reenvió.

El padre Ruiz es un hombre del Cardenal, que se considera con poder suficiente para prohibir cualquier critica publica a su muy cuestionada conducta como religioso y hombre público. Pide prisión y multas contra los cuatro periodistas y contra el presidente de la Junta de Vecinos de El Pedregal.. Sabe que esa demanda no prosperará pero insiste en ella para intimidar.

Con esa actitud este cura se une al grupo de corruptos y malos funcionarios públicos que recurreen al acoso judicial contra quienes practican un periodismo independiente y contestatario. Ese acoso judicial contra periodistas responsables se ha convertido en tendencia. Por eso es necesario que le cortemos el paso.

Sin un periodismo plural, democrático, responsable y fiel vigía de los derechos humanos y de los principios democráticos es imposible construir una sociedad justa.

Les invito a que acudamos el jueves a solidarizarnos con los y las periodistas mencionadas, para que al mismo tiempo expresemos nuestro rotundo rechazo al acoso judicial.

Los derechos a la información y a la libre expresión del pensamiento, sin censura previa y por cualquier medio, tienen rango constitucional en la República Dominicana.

El Estado está obligado a garantizar esos derechos y los periodistas y la sociedad civil tenemos el deber de exigirle que lo haga.

Nota: Tomado del muro del muro de Facebook de Adalberto Grullón.

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