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Proponen solución ante supuesta amenaza de presa de cola en Cotuí

Instalación de la planta de Pueblo Viejo de Barrick Gold, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana. Instalación de la planta de Pueblo Viejo de Barrick Gold, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana.

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, (CNLCC), sugirieron a las autoridades que se adopte la propuesta del experto estadounidense en presas de relaves y minería, Steven Emerman, de utilizar presa de tajo abierto que consiste en rellenar los huecos abiertos por la explotación ya agotada, en vez de la presa de relave como desea Barrick Gold.

Según explicaciones, el doctor Emerman asegura que la presa El Llagal si colapsa, sus lodos tóxicos recorrerán hasta 101 kilómetros deteniéndose en la paradisíaca bahía de Samaná, porque penetrarían en el Océano.

En ese sentido, consideraron como un peligro inminente la construcción de la presa de cola en la comunidad del Naranjo, municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, ya que aseguran que esta dejará sin agua a toda la región y de colapsar ocasionaría numerosas víctimas letales.

“En el análisis que el doctor Emerman hace al Estudio de Impacto Ambiental, EIA, de la empresa Barrick Pueblo Viejo para construir una nueva presa de cola de relave en el Naranjo, Cotuí, resalta que tiene una dimensión de tres kilómetro de ancho, tres veces más grande que la presa El Llagal, con 157 metros de altura para almacenar 344.7 millones de toneladas de relaves combinados y 452.7 millones de rocas estéril potencialmente generadoras de ácidos”, describieron.

Explicaron que esta solución costaría tres veces menos que la opción de presa de relave y sería mucho menos dañina, al tiempo que se opusieron al decreto 270-22 que cede a la empresa Barrick Gold casi 50 mil tareas de terreno equivalente a más de treinta y un millón de metros cuadrados con las comunidades dentro.

Además, expresaron su sospecha de que en estos terrenos cedidos por el decreto 270-22 a la empresa extranjera existe un yacimiento de oro, plata y cobre. “Si este fuese el caso, antes de hacer esta concesión, el Congreso Nacional debe reformular el actual contrato o hacer uno nuevo”, precisaron.

 

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