Si no hay una herramienta legal al respecto no puede haber sanción, si el Ayuntamiento no cuenta con el instrumento necesario previo para poder imponer sanciones, cualquier disposición en ese sentido deviene en un acto ilegal, el gobierno local como ente administrativo esta plenamente facultado para ello, haciéndose valer de sus potestades normativas y de autorregulación (Art. 08.a, Ley 176-07) para normar los temas propios del ámbito de su competencia, comprendiendo dentro de estas regulaciones la puesta en marcha de la potestad sancionadora (Art. 8.d, Ley 176.07).
