Por Alberto Tavárez Fernández

Las razones que se esgrimen para sostener que el ex presidente de la República y armador del Tribunal Constitucional actuo como titiritero en el proscenio de la Alta Corte con definidos propósitos políticos, son fundamentalmente dos: la primera, que Fernández necesitaba sustituir de la opinión publica el tema del cuestionamiento por corrupción de su gobierno; la segunda, que había que crearle algún problema importante a la actual administración de Danilo Medina para reducir su alta popularidad.

El comportamiento ladino del Presidente del PLD respecto a la sentencia que de golpe y porrazo despojó de la nacionalidad a cientos de miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia extranjera, mayoritariamente de origen haitiano, es congruente con su estilo de no comprometerse con una posición definida respecto a temas conflictivos, aunque él sea el responsable de la decisión que generó el conflicto.

Ciertamente, haya sido o no la causa eficiente para el lanzamiento del bombazo que constituyó la sentencia que mantiene bajo cuestionamiento y asedio a la República Dominicana en la escena internacional, lo cierto es que después que el tema de la sentencia 168/13 empezó a dominar la opinión pública no se ha vuelto a hablar del gigantesco déficit fiscal que dejó la administración Fernández.

De igual manera, los dominicanos se olvidaron de Félix Bautista y su danza de los millones de origen dudoso; de Víctor Díaz Rúa y su milagrosa capacidad para hacer que sus perseguidores renuncien a las querellas interpuestas en su contra.

En fin, la gente sólo está pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que, indudablemente, le ha dado un importante respiro al señor Leonel Fernández y, por via de consecuencia, nuevo aliento a sus aspiraciones de ser el candidato presidencial del PLD en el 2016.Por otro lado, resulta lógico que Fernández se preocupe por la alta popularidad del Presidente Danilo Medina.

Una tasa de aceptación promedio de 80 por ciento después de un año de ejercicio de gobierno de Danilo es un logro que el ex jefe de Estado y su equipo político vean como un fuerte obstáculo a su no disimulado propósito de retornar al solio presidencial.Como templario de la orden maquiavélica-balagueriana, el autonombrado León ya anunció que está estudiando su presa (la Presidencia) para lanzarse tras ella cuando las circunstancias se lo permitan.

Es lógico que no quiera tener a un Danilo Medina con tanta aprobación popular que motive su equipo político a promover una reforma constitucional que le abra las puertas de la candidatura presidencial peledeista para el año 2016, o que ponga en sus manos el poder de decidir quién será su sustituto.

La reciente introducción por parte de la Junta Central Electoral de un proyecto de ley que establecería las normas y reglas para la realización del referéndum y el plebiscito, según lo dispuesto por la Constitución, constituye un elemento adicional de preocupación para las disminuidas huestes leonelistas y, por consiguiente, un aumento de la tensión entre las dos fuerzas hegemónicas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana.

Así las cosas, y dado que la recién celebrada plenaria del Congreso Norge Botello evidenció las grandes contradicciones que subsisten a lo interno del partido morado, es obvio que tanto el ex Presidente Leonel Fernández como el Presidente Danilo Medina moverán sus mejores piezas en el actual ajedrez político de acuerdo a sus particulares intereses estratégicos.

La tesis de que Leonel es el autor anónimo de la sentencia del Tribunal Constitucional que con efectos retroactivos y contrario al Derecho Internacional dejó en estado de apatridia a miles de ciudadanos dominicanos, se refuerza con la identificación de los protagonistas de la defensa a ese adefesio jurídico, todos incondicionales del también llamado Príncipe: Vincho Castillo y su prole, César Medina, Abel Martínez, así como su aliado circunstancial Miguel Vargas Maldonado.

De otro lado está el Presidente y los funcionarios del Gobierno, los cuales, a pesar de verse en la encrucijada de defender una decisión en la que no tomaron parte ni se le consultó con anterioridad, han mantenido una postura moderada, distantes del fervor con que los ultranacionalistas insultan a todo el que no esté de acuerdo con la polémica sentencia.

El Ministro Gustavo Montalvo ha mantenido una posición conciliatoria consciente de los riesgos políticos a que se enfrenta la Administración. El Informe de la CIDH es una primera señal.

El Presidente Medina está en una encrucijada: si no apoya la sentencia, que ha despertado un desnaturalizado nacionalismo en la mayoría de los dominicanos, se arriesga a perder el respaldo mayoritario del pueblo, lo que no desea ni el peor de los gobernantes. Si la respalda y dispone su aplicación, expone el país a condenas y sanciones internacionales que afectarán la economía y su reputación ante el mundo. Es razonable pensar que Leonel esté detrás de todo esto. Aunque usted no lo crea.

El autor es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

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