Ante la denuncia, el Ministerio de Hacienda y agentes de la policía se presentaron al lugar para cerrar las puertas  del establecimiento por incumplimiento con las normativas y falta de la debida autorización para su operatividad.

Sin embargo, a pesar del cierre formal y la intervención de las autoridades, un par de horas después del operativo, dueños del Consorcio La Primera reanudaron las operaciones con total desafío a las autoridades.

El hecho ha causado indignación entre los habitantes de la zona, quienes señalan que, aunque las autoridades hicieron su intervención inicial, la falta de un seguimiento efectivo permitió que los responsables de la banca ilegal reanudarán sus actividades con total impunidad.

"Es una vergüenza que después de la intervención, sigan operando como si nada. La comunidad ya está cansada de estos engaños y de ver cómo las autoridades se dejan tomar de relajo, sin ningún tipo de respeto”, dijo Juana García, una de las comunitarias de la localidad.

Dirigentes de Yamasá llamaron a la población para que se abstenga de utilizar estos servicios no autorizados, que no solo son ilegales, sino que representan un riesgo para la seguridad financiera de los ciudadanos.