Inspectores JCE persiguen dominicanos de ascendencia haitiana que ganaron sentencia

Así lo expresó Natanael Santana Ramírez, apoderado del caso, quien mostró pruebas y recogió imágenes a través de un celular que comprometen a miembros del personal de inspectoría de la Junta Central cuando requerían informaciones sobre los/as jóvenes.

“Tenemos entendido que miembros del departamento de inspectoría del la JCE, visitaron algunos jóvenes y al no encontrarlos entregaron un documento a sus padres, el cual les hicieron firmar,  y hasta el momento desconocemos su contenido” según informaciones ofrecidas por Santana.

El jurista dijo que Yolanda Aristy, inspectora de la JCE “se acercó hoy al Centro Jesús Peregrino,en San Pedro de Macorís, mientras celebrábamos el favor de la sentencia, y trató de recabar información de los jóvenes, a lo que nos rehusamos”.

“Esta persecución de parte de la JCE, es ilegal y violenta derechos humanos, porque ya todo sellos fueron declarados y tienen sus actas de nacimiento, inscribirlosnuevamente sería una doble declaración” apuntó Santana.

Confirma denuncia. De su lado, Ana María Belique, quien conforma parte del Movimiento Reconoci.do, organización que da seguimiento a estos casos, secundó las informaciones del jurista, ya que su hermano forma parte de los 28 beneficiarios de la sentencia y es investigado por dicha institución.

Santana recordó que el Juzgado de primera instancia de de la Cámara Civil de San Pedrode Macorís falló el 29 de mayo pasado a favor de los demandantes, por la negativa de las  Juntas Electorales de los municipios de San Pedro de Macorís, Quisqueya, Cosuelo, San José de los Llanos y Ramón Santana a entregar el plástico a cada uno de los demandantes.

La sentencia es la número 259-12, yrecoge de forma expresa que dicha institución  violentó el derecho a la dignidad humana, igualdad, nacionalidad e identidad, entre otros derechos que establece la Constitución dominicana.

“ElJ uez Luis Alberto Adames Mejía, ordenó a la JCE, al director General de Cedulación y a las Juntas Electorales de los municipios mencionados a entregar el plástico a cada ciudadano. De igual forma a pagar a favor de cada uno de los afectados la suma de mil pesos, por cada día de retraso a partir de los diez días siguiente a la notificación “dijo el jurista.