Más de doscientos vigilantes que conforman el Sindicato de Seguridad Privada, que prestaban servicios a la compañía de Vigilantes Seguridad Nacional, S.A, (SENASA), ocuparon el local de la entidad en demanda del pago de unos doscientos millones de pesos en indemnización, ya que llevaban varios años laborando la empresa de seguridad y la misma fue cerrada sin previo aviso a sus trabajadores.

Julio César García Paulino, Carlos Sánchez y Lucas Sánchez abogados de los obreros, dijeron que luego una batalla judicial con ganancia de causas, los dueños de la empresa, representados en el general retirado Pablo Mejía Lanun, abandonaron el local ubicada en la avenida Italia del sector Honduras en el Distrito Nacional, sin que hasta el momento den la cara a los vigilantes.

"Vista la situación, hemos ocupado el local luego de hacer un embargo, pero no encontramos nada en el lugar que esta vacio, pero permaneceremos aquí  hasta que aparezcan los responsables y nos den la cara", dijo García Paulino. Los abogados mostraron los actos de alguacil para hacer el embargo del inmueble.

Al lugar se presentaron agentes policiales quienes trataron en vano por desalojar del local a los demandantes que se mantienen firmes en el interior del mismo.

Los trabajadores en forma pacífica han ocupado lo que podría ser su única esperanza de recuperar algo del dinero que le empresa les adeuda por los años de labores y que luego los han engañado de esa manera, porque cerraron el negocio, agregó Paulino.

La Superintendencia de Seguridad, decidió suspender la licencia a SENASA por las deficiencias que la misma acarreaba en los servicios que ofrecían a las empresas. SENASA, que tenía más de 200 armas asignadas, solo han devuelto una parte al Ministerio de lo Interior y Policía, el resto no aparee, según trascendió sin confirmación durante la ocupación. Sobre el tema, los responsables de la compañia de vigilante, no pudieeron ser contactado para escuhcar su versión sobre la demanda de los trabajadores del Sindicato de Seguridad Privada