Abogados que representan a terceros adquirientes de buena fe en la litis relacionada con la propiedad de terrenos en el litoral de Pedernales demandaron que se cumpla el mandato de dos sentencias del Tribunal de Tierras que ordenan la presentación de los libros de inscripciones, presuntamente sustraídos y retenidos de manera ilegal por disposición del Ministerio Público.

En rueda de prensa donde entregaron copias de las sentencias dictadas por el Tribunal el  25 de marzo y el 22 de junio  del 2015, los juristas mostraron también una  certificación expedida el 2 de mayo del 2006 por el Registrador de Títulos de Barahona, donde hace constar  que los originales de los Certificados de Títulos que debían estar en esos libros fueron retirados  por el entonces Procurador General de la República, doctor Abel Rodríguez Del Orbe.

De acuerdo a la denuncia, durante las audiencias conocidas sobre el caso, "la Directora General de Registro de Títulos no depositó los libros de inscripciones, sino los libros que contienen los originales de los certificados de títulos, los cuales al momento de revisar en el tribunal se evidencia que figuran en blanco en hojas de diferentes tonalidades,  lo que permite deducir  que esos documentos fueron elaborados recientemente".

La posición fue expresada por los abogados Frank Reynaldo Fermín, Víctor Santana, Natanael Méndez, Elpidio Ramírez, Rafael Helena, Ana Celia Morún Solano, Rafael Helena Regalado, Jose Alt. Marrero, Carlos Jerez, Juan Batista, Abel Dechamps, e Isom M. Coss.

Explicaron que "en virtud de la litis sobre derechos registrados llevado a cabo por el Estado con la intención de anular derechos legítimamente adquiridos por terceros adquirientes de buena fe, el Tribunal de Tierras ordenó  mediante sentencia leída en audiencia el 25 de marzo del 2015, y reiterada el  22 de junio del 2015,  la presentación  de un nuevo historial y de los Libros de Inscripción 6, 7 y 8, a fin de verificar el proceso  sucesivo de cada una de las parcelas objeto de anulación por parte del Estado".

Toda esta manipulación de carácter burdo, según los abogados, lesiona derechos constitucionales como el  debido proceso y acceso la prueba, complicando más el de por si complejo caso "Bahía las águilas" postergando indefinidamente el proceso judicial que bien pudo servir para anular certificados fraudulentos, la mayoría, y preservar aquellos que contienen la garantías que el sistema otorga a los terceros adquirientes de buena fe, y que fueron refrendados previamente por el Tribunal Superior de Tierras.

"Efectivamente una vista al denominado historial de fecha 07 de abril del año 2015, evidencia que éste no satisface los requerimientos del tribunal, por cuanto no refleja el proceso sucesivo desde el origen de la parcela número 215-A, hasta la actualidad, tal y como se ordenó en la audiencia del  25 de marzo del 2015, indicaron  los abogados en su declaración.

Es importante precisar, expresaron los profesionales del derecho, que el tribunal actuante reconoció, ante los obstáculos para las partes acceder a las pruebas respecto de la historia registral, el derecho de esta de acceder a los medios de pruebas, ordenando a la Sala de Consultas la expedición y entrega de todos los documentos probatorios respecto al caso, disposición  que hasta la fecha no ha sido acatada.