Pese al esfuerzo del ministerio público de mantener en prisión a los dos imputados del caso Odebrecht, el juez especial Francisco Ortega varía la coerción e impuso garantías económicas de 120 millones de pesos, impedimentos de salida del país y presentación el primer miércoles de cada mes a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, los que después de más de cuatro meses presos, regresan a su casa.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó de inmediato como funesta la decisión que varió la medida de coerción a los implicados en los sobornos pagados por Odebrecht, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, adoptada por el juez Francisco Ortega.

El juez Ortega varió la medida de coerción de un año de prisión preventiva que le había impuesto a Rondón, por una garantía económica de RD$70 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Igualmente, varió la medida de coerción de nueve meses de prisión preventiva, por una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Los abogados Miguel Valerio y Juan Antonio Delgado de los acusados del Ministerio Público Rúa y Rondón convencieron al juez Ortega de que sus defendidos tenían  arraigos y demostraron que no representan peligro de fugas en caso de ser beneficiados con la variación de la medida coercitiva.

Ángel Rondón, reiteró que los 92 millones de dólares son producto de sus honorarios durante 16 obras de Odebrecht reclamó a estos unos US$ 22 millones de la conclusión de Punta Catalina.

A Rondón le impusieron garantías económicas de 70 millones de pesos, mientras que a Rúa, se le impuesta otra de 50 millones de pesos.

Víctor Díaz Rúa, negó que haya negociado directamente por US$ 6 millones con la multinacional Odebrecht como alegan los fiscales, que reiteraron la acusación de peligro de fugas de los dos porque tiene de todo para burlar las autoridades de ser favorecido con la variación de la medida de coerción.