En el acuerdo, firmado por el presidente de la JCE, Román Jáquez y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se especifica que ambas instituciones se comprometen con el que se busca contribuir y salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía en las competencias constitucionales y legales de cada órgano constitucional.

El acuerdo también suscribe que el Defensor del Pueblo tendrá acceso a herramientas de servicios de cedulación que sean útiles para mejorar la calidad de atención y asistencia en los casos admitidos por la defensoría.

Del mismo modo, el acuerdo permitirá aunar esfuerzos, así como recursos humanos y materiales, para que las personas restringidas de libertad de carácter preventivo puedan ejercer el derecho fundamental al voto en las elecciones generales previstas para el año 2024.

Pablo Ulloa señaló que con el acuerdo podrá articular una defensa más centralizada de los casos que son presentados en la oficina del Defensor del Pueblo, ya que podrán utilizar el sistema maestro de la Junta Central Electoral, para validar datos y hacer más efectivo el procesamiento de las denuncias que reciben en la oficina.