El mismo se trata de una estrategia que permitirá identificar perfiles criminalísticos, plantear los nuevos retos sistémicos y posibilidades de acciones con miras a mejorar la dignidad de los privados de libertad en la República Dominicana.

Además, busca establecer mecanismos de asistencia y colaboración entre ambas instituciones, que permitan garantizar desde sus respectivos ámbitos el acceso y el derecho a recibir los servicios públicos de telecomunicaciones en términos de equidad, accesibilidad universal y asequibilidad, de personas con discapacidad visual, auditiva, verbal u otra limitación física o mental.

También, se establecen los mecanismos necesarios para realizar un intercambio de información sobre denuncias, quejas y reclamaciones formuladas por los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones en contra de las entidades de intermediación financiera que violenten la Ley General de Telecomunicaciones 153-98.

Como parte de este convenio, se establecen los mecanismos necesarios para realizar un intercambio de información sobre denuncias, quejas y reclamaciones formuladas por los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones en contra de las entidades de intermediación financiera que violenten la Ley General de Telecomunicaciones 153-98.

En el convenio se establece además, la conformación de una mesa de trabajo permanente que se reunirá con una frecuencia mínima trimestral durante el primer año del acuerdo, para fines de evaluación de resultados, planificación, monitoreo y seguimiento de los objetivos planteados en el mismo, así como de los mecanismos, planes y estrategias que fueran diseñados para su efectiva ejecución.