El presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, indicó que esa complicidad se constituye en una actividad criminal de tráfico ilegal de migrantes, sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

El jurista recordó que varios artículos de Migración que prohíben y sancionan no solo la contratación de extranjeros indocumentados, sino que castiga con penas de cárcel el beneficiarse del crimen de tráfico de personas. Citó el caso de las empresas agrícolas y de la construcción que ejercen esa práctica en perjuicio de la mano de obra local, bajo la sombrilla de las autoridades civiles y militares en beneficio de los empresarios, lo cual podría generar que los países sean sancionados.

Surún Hernández alertó sobre la intención del Gobierno de continuar con el malogrado proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Además, consideró como catastrófico que las autoridades pretendan someter nueva vez el proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, tomando en cuenta que existe la Ley 137-03, sobre el particular.

Indicó que, además, hay una sociedad que rechaza cualquier tentativa de destrucción de la identidad nacional. Alertó que se busca la legalización y regulación generalizada de los más de dos millones de indocumentados haitianos que hay en el país, cuyo costo de soporte y manteamiento se quiere cargar a los dominicanos, mediante un impuesto disfrazado de contribución, por lo que advirtió que el Colegio de Abogados enfrentará dicho despropósito.