El proyecto, depositado por el Poder Ejecutivo, pretende también regular la facturación electrónica y establecer el sistema fiscal de la misma.

También la pieza indica que se penalizará con sanciones a las personas que intenten hackear el sistema tributario creado a partir de la posible promulgación de esta pieza, con multas de hasta 10 años de prisión y 400 salarios mínimos.

De igual manera, establece un plazo durante todo un año para que los contribuyentes se adapten al sistema de facturación electrónica.

El proyecto abarca a todos los contribuyentes físicos y jurídicos, tanto públicos como privados, así como a entes que realicen transferencias de bienes, entregas en uso, petición y locación de servicios a título oneroso o gratuito.

La pieza, tras ser aprobada en una primera lectura, fue remitida a una comisión para realizar algunas modificaciones de cara a la segunda sanción.