La señora Cotto había solicitado la instalación del servicio de agua en octubre de 2024, pero Coaarom se negó a realizar la acometida, alegando una supuesta deuda de RD$75,000.00 mil pesos generada por la antigua propietaria del inmueble. La institución condicionó la instalación del servicio al pago de dicha deuda, situación que la magistrada Sotero Cabral consideró violatoria de los derechos constitucionales de la ciudadana.

En su sentencia, la jueza destacó que “no se puede negar el acceso a un servicio tan imprescindible como el agua por existir deudas de anteriores propietarios y/o inquilinos, ya que esto contraviene la Constitución y los precedentes del Tribunal Constitucional”. Estas palabras fueron respaldadas por Wanchy Medina, abogado de la accionante, quien celebró el fallo como un triunfo para los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para garantizar el cumplimiento de la decisión, el tribunal impuso una astreinte de RD$1,000.00 mil pesos diarios a Coaarom en caso de que la institución se resista a acatar lo dispuesto. Además, se retuvo a la señora Cotto el pago de RD$8,763.00, correspondiente a los costos de reparación de las excavaciones y roturas de aceras, contenes y asfalto necesarias para la instalación del servicio, monto que será utilizado por el Ayuntamiento de La Romana para restaurar el área afectada.

Este fallo sienta un precedente importante en la defensa de los derechos de los usuarios frente a las empresas de servicios públicos, reforzando la obligación de estas de garantizar el acceso al agua sin condicionamientos injustos.

La sentencia está asentada en el Registro Civil de La Romana, en el libro de actos judiciales No. 171, folio No.355, letra C-32, del día 11 de febrero de 2025, según certificación emitida por la secretaria Lidia Martínez G., de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera instancia del Distrito Judicial de La Romana.