La insti­tu­ción super­vi­sora indicó que mien­tras la Cir­cu­lar vigente ofrece un marco nor­ma­tivo actu­al­izado, fun­da­men­tado en la Ley Número 183–02, que rige el Sis­tema Financiero, la Res­olu­ción dero­gada, la 7–2001, se sus­tentaba en un esquema legal des­fasado, cor­re­spon­di­ente a la descon­tin­u­ada Ley Gen­eral de Ban­cos, que databa de 1965.

El pre­sente estatuto detalla de man­era pre­cisa la metodología de cál­culo de los intere­ses, comi­siones y car­gos que se gen­eran en las opera­ciones de tar­je­tas de crédito en cuanto a intere­ses por finan­ciamiento, comi­siones por mora, sobre­giro y avance de efec­tivo; así como cos­tos de emisión, ren­o­vación y susti­tu­ción del plástico.

Dijo que con la anterior resolución “se gen­er­a­ban asimetrías infor­ma­ti­vas entre emisores y usuar­ios rel­a­tivos a los méto­dos de cál­culo y cobros de intere­ses deriva­dos del uso de la tar­jeta de crédito sobre el Saldo Inso­luto Diario del Cap­i­tal Finan­ciado, es decir, basa­dos en el Bal­ance Prome­dio Diario de los recur­sos efec­ti­va­mente uti­liza­dos sobre la base de 360 días”.

La nueva norma beneficiará a clientes porque detalla como “los intere­ses deriva­dos del uso de las tar­je­tas de crédito se cobran sobre el Saldo Inso­luto Diario del Cap­i­tal”, proponiendo tres ejemplos para calcular los intereses del financiamiento con hasta tres meses de atraso.

Estas disposiciones están vigentes a partir del seis de enero del año en curso, por lo que los tarjetambientes la han venido disfrutando hasta el momento.