Peralta sostuvo que por la difusión de rumores sobre el Banco de Reservas, la institución financiera junto con la Dirección Nacional de Investigaciones (D.N.I.), la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público, está haciendo un barrido en las redes sociales para identificar a los autores de la comisión de este delito, aún sea en el extranjero, ya que “esta acción pone en riesgo sistemático la estabilidad financiera del país y por tanto se trata de un tema de seguridad nacional”, explicó.

Por otro lado, aclaró que una cosa es denunciar ante el departamento de protección a los usuarios del sistema financiero (prousuario) y hasta en las redes sociales si un banco en combinación con los empleados están robando o haciendo fraudes y que el departamento de seguridad bancaria sea cómplice de estos robos, y otro cosa es que las personas divulguen que tal banco está quebrado y exhorte a los demás ahorrantes a sacar su dinero.

En ese orden, estableció que el D.N.I. puede arrestar y reconocer medidas de coerción a las personas que salen en los videos difundiendo rumores y organizando campañas difamatorias sobre la liquidez del Banco de Reservas, a quienes según la gravedad del delito podrían imponerles prisión preventiva o en su defecto arresto domiciliario, fianza, impedimento de salida del país y hasta un grillete electrónico.

Finalmente, dijo que el nuevo código procesal penal no serviría de mucho para ayudar al sometido, porque trae nuevas disposiciones perjudiciales para los imputados que les impongan como medida de coerción, un contrato de fianza, aparte de que será acusado por parte del Banco de Reservas, el cual podrá solicitar también condenas en daños y perjuicios, con serias consecuencias legales sobre los bienes del imputado.