Gómez Ramírez sostuvo que, aunque el documento ha sido denominado como un memorando, en realidad constituye un tratado de alta trascendencia bilateral debido a los compromisos y responsabilidades que genera para ambas naciones.

El jurista y exjuez del Tribunal Constitucional manifestó que bajo esa figura existen obligaciones recíprocas de gran importancia que comprometen al Estado dominicano, por lo que entiende que el acuerdo requería el conocimiento y la validación del Poder Legislativo.

A su juicio, el convenio implica que la República Dominicana asuma una carga inusual al aceptar en su territorio a ciudadanos de otras naciones, una decisión que, según indicó, tiene implicaciones directas sobre la soberanía nacional.

El presidente del Instituto Duartiano consideró que un acuerdo de esta naturaleza no debió formalizarse sin la intervención previa del Congreso Nacional, al tratarse de un asunto que involucra intereses fundamentales del país.