La sentencia fue emitida por un tribunal presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez, junto a las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de un proceso judicial que se extendió por varios años y en el que el Ministerio Público presentó una amplia cantidad de pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar la acusación.

Los jueces declararon culpables a Cáceres Silvestre y Torres Robiou de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado, entre otros delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas. En tanto, Núñez de Aza fue condenado por asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito.

El tribunal también condenó a 15 años de prisión a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, además del pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público, tras ser encontrada culpable de incremento patrimonial ilícito y de participar en la estructura de corrupción investigada por las autoridades.

De acuerdo con la acusación, la red utilizó instituciones como el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para desviar recursos públicos mediante nóminas irregulares, apropiación de fondos destinados a la alimentación del personal y otras maniobras fraudulentas. Las investigaciones sostienen que los implicados acumularon patrimonios millonarios imposibles de justificar con sus ingresos legales.

La decisión judicial marca un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana y constituye una de las sentencias más severas impuestas contra altos oficiales militares vinculados a delitos contra el patrimonio público. El caso surgió a partir de la Operación Coral, desarrollada en 2021, considerada por el Ministerio Público como uno de los mayores expedientes de corrupción de la historia reciente del país.