Dos regidores de Santo Domingo Este serán notificados por escandalizar vecindarios
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Será la primera vez que dos regidores del Ayuntamiento se vean ante el Ministerio Público por escandalizar sus vecindarios. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, junto al Ministerio Público libran la mayor guerra contra el ruido de la República Dominicana.
Dos regidores del Ayuntamiento de este municipio serán notificados este lunes mediante actos de alguacil para que cesen de escandalizar en dos vecindarios donde tienen cada uno un colmadón, según ha conocido Ciudad Oriental.
Se trata de un regidor del Partido de la Liberación Dominicana que posee un colmadón en Villa Duarte, y el otro un regidor del Partido Revolucionario Dominicano, propietario de otro colmadón, en Cancino Adentro.
A la oficina de la magistrada Raquel Cruz, en el Ayuntamiento Santo Domingo Este, han llegado denuncias de los escándalos que brotan desde los dos establecimientos.
Ciudad Oriental cuestionó a la magistrada Raquel Cruz sobre lo que hará ante estas denuncias y su respuesta fue:
-"La ley es igual para todos. Todo el mundo debe cumplirla y nadie debe violar el derecho sagrado a la tranquilidad y al descanso de los ciudadanos en sus hogares".
La norma es que cuando los vecinos presentan denuncias, de inmediato Cruz emite las notificaciones mediante acto de alguacil para explicarle a los presuntos transgresores los alcances de la ley de medioambiente y los niveles de ruido admitidos en zonas habitadas.
En caso de que decidan seguir violando la ley, el Ministerio Público se hace con evidencias consistentes en mediciones de la intensidad del sonido, fotografías, vídeos y testimonios de vecinos afectados, con los que se presenta ante un juez de atención permanente y solicita la orden de clausura.
Para poder permitir la reapertura, los auspiciadores del ruido deben comprometerse a respetar la ley, someterse a un programa de educación y pagar fuertes sumas de dinero en concepto de multas.
Si violentan los acuerdos, entonces el Ministerio Público presenta acusación formal contra los transgresores, solicita les sean impuestas medidas de coerción hasta tanto pida al tribunal formal apertura a juicio para clausurarles defintiivamente los negocios y que sean enviados a prisión hasta por dos años.
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