Utilizando un contingente de policías con armas largas, bombas lacrimógenas y chalecos antibalas, la Procuraduría General de la República, reasumió  la administración y control de una finca de 900 tareas y una factoría de arroz propiedad de Quirino Ernesto Paulino Castillo que un tribunal le había quitado el sábado pasado.

Esos inmuebles, cuya propiedad reclama Rafael Castillo, sobrino del narcotraficante, fueron rentados junto a otras 4 fincas, que totalizan 3,500 tareas de tierra, al empresario e ingeniero Carlos de los Santos durante 5 años. La finca y la factoría de arroz están en el kilómetro 14, carretera San Juan-Las Matas de Farfán, a la entrada de la sección Punta Caña, donde se presentó el fiscal adjunto Manuel Bello Orozco junto a decenas de efectivos de la Policía, al mando del mayor Víctor Rosario.