Alcaldía de San Cristóbal niega se oponga a trabajos de expansión Claro-Codetel
- Escrito por Redacción
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- Publicado en San Cristóbal
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Claro-Codetel deberá pagar arbitrios al ayuntamiento de San Cristóbal.
La Alcaldía de este municipio informó este viernes que no se opone a que la empresa telefónica Claro-Codetel realice trabajos de expansión de sus redes de telecomunicaciones, pero afirmó que debe apegarse a las leyes y al pago de los impuestos correspondientes.
El consultor jurídico de este cabildo, Mario García Piña, dijo que es interés del síndico Raúl Mondesí de contribuir al desarrollo comunicacional en San Cristóbal.
En ese sentido, García Piña dijo que la empresa Claro-Codetel había depositado una solicitud en el año 2009 pero que la misma no especifica la clase de trabajos que pretende realizar.
Recordó que los trabajos de expansión de redes solicitados por la empresa telefónica fueron depositados durante la pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana.
“El Ayuntamiento de San Cristóbal no se opone a que la empresa Claro-Codetel expanda sus redes, lo que si debe hacer es someterse a los lineamientos del municipio, apegarse a las leyes municipales y pagar los impuestos correspondientes en este sentido”, reiteró el consultor jurídico.
Y a seguidas agregó que “el alcalde Raúl Mondesí ha instruido a sus técnicos, llámese Planeamiento Urbano y Obras Públicas, a realizar los estudios correspondientes y verificar los trabajos que pretende realizar la empresa”.
El funcionario dijo que el Ayuntamiento de San Cristóbal desconoce qué “clase de trabajos realizaría Claro-Codetel, ya que en las solicitudes no lo especifica”.
Dijo que se debe tener bien claro por cuáles lugares la empresa telefónica instalará sus redes, para que de esa manera no afecte el buen desenvolvimiento de las actividades cotidianas de la ciudad.
Indicó que los titulares de servicios públicos de telecomunicaciones tendrán derecho a utilizar bienes del dominio público para el tendido de sus redes e instalación de sus sistemas adecuándose a las normas municipales pertinentes, especialmente en materia de protección del patrimonio cultural e histórico en cuyo caso deberán ser subterráneos.
“Nosotros acotamos esto para contestarles un acto de advertencia que la empresa hace como si el ayuntamiento fuera de su propiedad por lo que debe apegarse a pagar los impuestos correspondientes”, acotó.
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