El presidente estadounidense, Barack Obama, dará hoy a conocer los detalles de un decreto sobre inmigración que permitirá regularizar, al menos temporalmente, a cinco millones de inmigrantes indocumentados que, en caso contrario, serían deportados.

Al día siguiente de las elecciones legislativas del pasado día 4, en las que su partido, el Demócrata, sufrió serios reveses tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, Obama anunció que antes de fin de año tomaría medidas sobre inmigración sin contar con el Congreso.

El presidente de EEUU cree que su decreto puede servir de acicate para que los congresistas se fuercen a negociar y lleguen a acuerdos para elaborar una reforma migratoria integral. Ayer lo reiteró en un vídeo difundido a través de Facebook.

"Todo el mundo está de acuerdo en que nuestro sistema migratorio es inservible, y en Washington hemos permitido que el problema se enquistara", dice Obama en el vídeo. Y agrega: "Voy a usar mi autoridad para hacer que el sistema funcione mejor, pero seguiré trabajando con el Congreso y animo a los legisladores a conseguir un proyecto de ley bipartidista que puede solucionar el problema íntegramente".

Los republicanos recibieron de uñas el anuncio. Michael Steel, portavoz del presidente de la Cámara baja, John Boehner, advirtió que cualquier paso que Obama dé para garantizar una "amnistía" a los sin papeles arruinará las opciones de que el Congreso actúe "en esta materia y en muchas otras".

La prensa norteamericana espera que Obama conceda permisos de trabajo a más de cinco millones de ilegales para impedir su deportación. Sin embargo, según el New York Times, quedarán excluidos de las coberturas médicas de bajo coste que subvenciona el Gobierno.

Los indocumentados así regularizados recibirían el mismo trato que los "durmientes", los inmigrantes que llegaron a EEUU siendo niños, que ya fueron beneficiados por una acción ejecutiva de Obama en 2012, aunque no incluidos en los seguros médicos subvencionados.

El decreto que el Presidente detallará hoy incluirá un robustecimiento de las medidas de seguridad en la frontera -tal como exigen los republicanos- y la promesa de que las deportaciones se concentrarán en los ilegales que tengan antecedentes criminales graves.